El mayor capital político del país es el respeto que siempre ha tenido por la legalidad. Por el normal funcionamiento de las instituciones- buenas, regulares o malas- previstas en la Constitución y la ley. En otras palabras, por el Estado de derecho. Para algunos, en lenguaje peyorativo, somos un país legalista, "santanderista"

Ese apego a la institucionalidad explica porqué han sido excepcionales entre nosotros los gobiernos de facto. En el siglo XX sólo tuvimos los de Rafael Reyes y Rojas Pinilla. El primero llegó al poder conforme a las reglas vigentes en 1904, pero quiso quedarse en Palacio más tiempo del que esas mismas normas ordenaban. Para lograrlo, las desconoció, cerró el Congreso y convocó Asamblea Constituyente que le prorrogó por 4 añitos más el período para el que había sido elegido.

Rojas Pinilla conquistó el Palacio de Nariño por las vías de hecho. Tuvo oportunidad histórica para "legalizar " y "legitimar " su paso por la Presidencia. La desperdició porque hizo reformar la Constitución con el propósito de ceñir en su pecho el tricolor nacional más tiempo del que se necesitaba para que el país volviera a la normalidad institucional.

Situación parecida a las de Reyes y Rojas es la que crea el acto legislativo 02 de 2004: adopta reforma constitucional que tiene nombre propio porque fue hecha a la medida de las aspiraciones del gobernante de turno, pensando en la elección presidencial del 2006, para lo cual tenía que cambiar, como en efecto cambió, las reglas de juego del proceso político en mitad del partido. También deslegitima el ordenamiento institucional, cuando la coyuntura que vivimos exige lo contrario: relegitimar las instituciones, porque cada día son más los sectores de opinión que pierden confianza en ellas y cuestionan su validez, credibilidad y capacidad integradora, a veces, inclusive, con las armas en la mano.

De la reelección presidencial inmediata aprobada por el Congreso, a solicitud del Gobierno, importa más su legitimidad que su legalidad meramente formal (establecer sí se aprobó en ocho debates por las mayorías que exige la Constitución). Lo que cuenta es determinar su conformidad con los valores y principios del Estado democrático de derecho. Que se respeten las reglas de procedimiento propias de los actos que tramitan las Cámaras no garantiza la legitimidad de las decisiones que éstas tomen ni el respeto debido al orden institucional de carácter superior.

Las instituciones le dan forma a las grandes ideas que soportan la organización y el funcionamiento del Estado, por ejemplo, las relacionadas con el origen del poder, su separación en ramas u órganos, la igualdad de condiciones entre quienes aspiren a él, la temporalidad en el ejercicio de las atribuciones que confiere (rotación democrática), el imperio de la ley, que obliga particularmente a las autoridades, por lo cual están sujetas a estrictos y severos controles, y el respeto de las reglas de juego por parte de todos los actores de la vida pública.

La fuerza moral de las instituciones políticas radica en su legitimidad y garantiza su vigencia porque es producto de la convicción que tienen los ciudadanos sobre su necesidad y origen transparente.

Gracias a esa misma legitimidad y validez política, los gobernados las aceptan como convenientes; comparten comunitariamente las reglas y prácticas que de ellas hacen parte porque saben que contribuyen al logro de la convivencia pacífica; y las obedecen, en la inmensa mayoría de los casos voluntariamente, entre otras razones, porque consideran que sirven sus propios intereses. Por eso se dice, con razón, que toda "sociedad necesita crear instituciones".

Las democracias, organizadas como Estados de derecho, son los gobiernos de las instituciones, no de los hombres, de las leyes, no de las personas, por importantes que éstas sean. Por ello los "gobiernos no deben modificar la Constitución para servir los intereses de una sola persona" (Kofi Annan).

Con ocasión del debate a que dio lugar la propuesta reelectoral, analistas extranjeros y nacionales se pronunciaron sobre el tema de esta manera:

"No estoy de acuerdo con que – en ninguna circunstancia – se cambie la Constitución para beneficiar a los que ya están en el poder. Si se promueven cambios en la Carta Política para reelegir a los que están en el gobierno, se desvirtuaría la esencia misma de la democracia constitucional" (Arturo Valenzuela, ex asesor del Presidente Clinton).

"Me parece muy difícil modificar las reglas y que beneficie a quien está actualmente ejerciendo del poder. El fortalecimiento institucional, junto con la promesa de mano dura a la guerrilla, fueron las banderas de la campaña de Álvaro Uribe. El fortalecimiento institucional empieza por la no modificación de las reglas de juego. Cambiarlas iría en contra de sus propósitos. Hay en Colombia reglas informales, no constitucionales, que vienen de mucho tiempo atrás. En estos 60 años se ha podido comprobar que tanto la personalización como la delegación excesiva de poder al Presidente no es algo fácilmente realizable ni aceptable. Personalizar el poder, cambiar las reglas de juego, aumentarían, a mi modo de ver, la desconfianza política del pueblo colombiano. El costo sería muy alto porque en lugar de tener un Presidente fortalecido por la reelección, Colombia tendría durante su segundo mandato, a un presidente debilitado y en manos de los que aceptaron su reelección" (Daniel Pecaut).

El conocido caricaturista Héctor Osuna, que escribe con el seudónimo de Lorenzo Madrigal, dijo: "Generalmente en el mesianismo se piensa que el Mesías es otro. Pero cuando uno mismo se cree Mesías ya se está endiosando. No entiendo qué le hace creer que a este país solo lo salva él. La continuidad es importante pero también la alternación de los nombres para refrescar. Y para evitar que el poder obnubile, como hemos visto en nuestro vecindario. Lo otro es autocracia… No creo que sacudir la Constitución, sacudir el árbol para recoger los frutos, sea bueno para nada. Amén de la polarización y de la figura de un Presidente haciendo política para reelegirse".

Es también lo que anotan todos los tratadistas. Basta la cita de algunos : "La fe absoluta en un salvador es un veneno que mata el constitucionalismo, cuya función originaria es prevenir la libertad contra los abusos del poder. El constitucionalismo se funda en la desconfianza generalizada y es, por eso, lo opuesto a la creencia de un salvador iluminado… los pueblos, que creen en los salvadores, se mueven entre dos emociones extremas: la entrega esperanzada y la depresión profunda…(Duhamel, Oliver, y Cepeda, Manuel José, "Las democracias").

En los sistemas democráticos que paralelamente tienen el carácter de Estados de derecho, la vida política y el ejercicio de la función constituyente se someten a principios que tienen el valor de verdaderas reglas de juego, porque aseguran igualdad ante la ley y garantizan que los actores del proceso político y el legislador procederán siempre con la responsabilidad y objetividad que exigen sus delicadas atribuciones. Esos principios, en unos casos consuetudinarios, en otros, institucionalizados, son acatados por quienes participan en la vida pública porque hacen las veces de lo que los ingleses llaman el acuerdo sobre lo fundamental.

Sin necesidad de acudir a valiosos textos de autores extranjeros que explican la naturaleza y alcance de esas reglas, el tema, en lo que tiene que ver con el ejercicio de la función constituyente, se puede ilustrar con los de quienes entre nosotros también lo han tratado con lucidez porque han tenido claro que el derecho constitucional debe evitar y sancionar el ejercicio discrecional del poder. Igualmente que las Constituciones no se pueden cambiar para complacer las volátiles mayorías parlamentarias. Tampoco, en los últimos tiempos, para darle gusto a las encuestas.

Entre esos principios, que son básicos en las democracias modernas, se destacan los que ya hemos mencionado: no se debe legislar con nombre propio; conviene tener presente el mediano y largo plazo; hay que pensar siempre en la situación contraria; y las reglas de juego no se pueden cambiar en mitad del partido.

Siempre ha sido claro que el legislador constitucional debe proceder de manera objetiva e impersonal, sin pensar en quienes se beneficiarán o perjudicarán, con nombre propio, de sus decisiones. Sin que haya quienes puedan "probarse" la decisión como si fuese un traje, y pedir que le hagan los ajustes necesarios para que termine "confeccionado sobre medidas". Los constituyentes de 1886 así lo advirtieron repetidamente:

- "Lo que ahora resolvamos en materia tan importante no tiene el carácter de accidental ni se refiere a los actuales magistrados..."

- "Debemos legislar no para ellos (los magistrados en funciones) sino para el porvenir oscuro. Yo creo y presumo que todo lo que aquí se hace anda ajeno a toda consideración personal porque el constituyente dispone lo conveniente para el país y no para persona alguna".

- "Al legislador le toca hacer buenas leyes, sean quienes fueren sus destinatarios o las personas a quienes hayan de aplicarse".

Para el caso en cuestión, esta regla exigía que la reelección sólo cobijara a quien fuera elegido después de agotado el período de quien promovió y aseguro su aprobación, es decir, a partir del 2010.

Era la única manera como el tema se podía discutir sin afanes, objetiva y desapasionadamente, sin tensionar ni dramatizar la situación, teniendo en cuenta que lo que se buscaba era un cambio institucional. También se garantizaba así que la propuesta no obedeciera a una lógica de partido o de facción porque lo que se definían eran las reglas de juego electorales que exigen un mínimo de consenso, si no se quiere afectar la legitimidad del sistema. Proceder, en cambio, como se procedió, le envió otro mensaje al país: el acto legislativo 02 sustituyó y reemplazó las elecciones del 2006.

Haber olvidado esta regla de oro –no se puede ni debe legislar con nombre propio- es lo que personalizó el debate. Lo ha "uribizado", con todas sus consecuencias. Para algunos, la coyuntura es favorable a la reelección y no se debe desaprovechar. Olvidan la memorable lección de conocido constitucionalista y politólogo europeo: las reformas institucionales no deben utilizarse como balón para hacerle goles al adversario político.

Olvidaron también que la Corte Constitucional, en la sentencia que dictó para el referendo que se votó en el 2003, recordó que en los Estados de derecho lo propio es que las reformas constitucionales estén contenidas en normas abstractas e impersonales.

Cuando los constituyentes han decidido objetivamente, como es su deber, mediante la adopción de reglas para el futuro, que no se aplicarán a quienes participen a cualquier título en su expedición, se han incorporado al ordenamiento disposiciones que no han dado lugar a controversias inútiles ni perturbado el precario orden institucional del momento. Tampoco han creado situaciones que alteren la estabilidad política. Por eso han regido sin problemas. Es el caso de la reelección autorizada para quienes dejen transcurrir, por lo menos, un período después de su retiro del poder.

No ha ocurrido lo mismo cuando la decisión se ha personalizado, porque ha estado de por medio la aspiración de quienes ejercen el poder y quieren ceñir el tricolor nacional mas tiempo del permitido. Son los casos de Mosquera, Reyes y Rojas Pinilla. También, el de Nuñez, con algunos matices, porque conforme a la Constitución del 63 él no podía ser reelegido, como lo fue, para el período 86-92, ni podía serlo para período de 6 años, que fue el que se adoptó pensando en su propio caso.

La necesidad de luchar contra toda forma personal de ejercicio del poder y de evitar la prolongación de los mandatos populares, explican los períodos cortos, como el de dos años de la Carta de Rionegro, y la prohibición de la reelección inmediata que ha regido durante prácticamente toda la vida republicana del país.

"Clinton no tuvo que modificar las reglas de juego para volver a aspirar al primer cargo. Allí la posibilidad de la reelección ya existía desde mucho antes de que él llegase al poder. Lo que estamos presenciando (en 1996) en los países latinoamericanos es algo radicalmente distinto: unos Presidentes en ejercicio que imponen reformas constitucionales con el fin de autorizar su propia reelección. Y para ello han utilizado toda clase de recursos sutilmente abusivos en el caso de Menem, y francamente dictatoriales en el caso de Fujimori. Esta forma de legislar para satisfacer ambiciones personales no puede ser buena para la democracia" (Eduardo Posada Carbó).

Los constituyentes legislan para hoy, pero también para mañana y pasado mañana. Así lo pensaron los Delegatarios de 1886 y lo dijeron de manera expresa:

- "Nuestra resolución se refiere a un tiempo futuro más o menos largo, pero que creemos no ha de reducirse a 6 ni 12 años, y de consiguiente debemos pronunciarnos contra los abusos posibles de ciudadanos cuyos nombres ignoramos y que pudieran mañana, colocados en el poder, abrigar sentimientos de ambición personal".

- "Esta Constitución no se hace para un período; debemos presumir que durará largos años y, por tanto, adoptar disposiciones previsoras que en lo futuro eviten conflictos y peligros".

- Lo que hay de parte de quienes nos oponemos a la reelección "es previsión, para evitar en lo futuro conflictos y dificultades de mucha gravedad".

- "La visión del constituyente legislador debe ir lejos. No legislemos para hoy ni para mañana solamente, sino también para mucho después; y no son las circunstancias del momento las que han de guiarnos al formular los principios que deben regular la vida política de Colombia".

Este mismo principio enseña también que las instituciones nuevas no deben aplicarse antes de que la opinión las haya asimilado, incorporado a su cultura política y hecho suyas. Antes de que haya transcurrido el período que los juristas latinos llamaban "vacatio legis".

Fue lo que ocurrió, por ejemplo, con la elección popular de alcaldes. El acto legislativo No. 1 de 1986, que la ordenó, fue aprobado por el Congreso a fines de 1985 y sancionado en enero del 86. Como en ese momento ya se había iniciado el proceso de las elecciones legislativas y presidenciales de marzo y mayo del 86, Gobierno y Congreso acordaron que la primera elección de alcaldes no tendría lugar en el 86, porque esa elección cambiaba las reglas de juego vigentes en la medida en que introducía un elemento nuevo y desconocido en el país. Esa la razón jurídica y política para que la elección de alcaldes se aprobara en el 86 con la advertencia expresa de que sólo empezaría a regir en el 88.

Otra máxima, que tal vez no alcanza el valor de principio, tiene que ver con la moderación y el realismo con que los legisladores constitucionales del 86 recomendaban proceder y, en efecto, procedieron. Así lo expresaron algunos de entre ellos, empezando por el señor Caro:

- " Las buenas leyes son las que se fundan en la experiencia del pueblo para quien se legisla, y en el conocimiento del corazón humano. Si discutimos y vamos a dar una Constitución a Colombia, hagámosla conforme al sentimiento nacional y a nuestra propia experiencia."

- El legislador debe decidir "en virtud de lo que la experiencia y la previsión le aconsejen".

Los anglosajones no olvidan la recomendación de Disraeli: "al legislar, piense en el largo plazo y en la situación contraria". Por ello hablan del "worse case scenario". Saben bien que lo que se apruebe para determinadas situaciones y para determinados actores o personas puede producir resultados distintos de los que se pretendieron en otras situaciones y en cabeza de otros actores o personas. Inclusive, perversos y nefastos. En otras palabras: la reelección también tendrá como destinatarios a quienes la opinión considere malos gobernantes y serán éstos, precisamente, quienes más buscarán utilizarla para permanecer en el poder, a través de todos los medios a su alcance, incluidos los de ley. Con tal de quedarse, si hay necesidad, acudirán al autoatentado. Es lo que cuentan los medios que se investigó en el caso del señor Chen Shui Bian, Presidente de Taiwán, reelegido en el 2.004.

En términos más concretos valdría la pena preguntarle a los reeleccionistas de ahora si su fórmula también serviría para que se queden 8 años en el poder quienes no fueron ni serán santos de su devoción.

Son las normas que organizan la vida política, le ponen orden, la sistematizan y disciplinan, la armonizan y equilibran, la enmarcan dentro de parámetros y preceptos conocidos. Establecen quiénes son y pueden ser actores de los procesos políticos, cómo deben desarrollar sus actividades y qué valores deben respetar. Garantizan que la controversia ciudadana y su disputa por el poder se cumplan civilizada y pacíficamente, que no prevalezcan la voluntad y las pretensiones del mas fuerte.

Se definen de manera objetiva e impersonal, sin nombre propio, porque no deben conceder ventajas a nadie.

Aunque son estables y tienen vocación de permanencia, se pueden cambiar por quienes estén facultados para hacerlo, conforme a procedimientos preestablecidos, pero no se pueden ni deben reformar o cambiar para satisfacer aspiraciones y necesidades personales, por ejemplo, de los gobernantes de turno y de quienes promuevan, impulsen o impongan las citadas reformas o cambios.

Son legítimas cuando reúnen las características aquí resumidas. Por ello gozan de aceptación generalizada y se respetan por todos los actores políticos, sin tener que acudir a la imposición de las autoridades ni al uso de la fuerza del Estado en todos los casos.

Ya dijimos que la legitimidad, estabilidad y fuerza moral de las instituciones – y la Presidencia de la República es una- depende del respeto que se tenga por las reglas de juego que las regulan. Ese respeto, además, es el que asegura el imperio de la ley.

Norberto Bobbio precisó gráficamente cuál es y debe ser su contenido y alcance

"El discurso sobre las reglas de juego es extremadamente importante y no puede ser eliminado...porque lo que distingue a los sistemas democráticos de los no democráticos son las reglas de juego...

"No solamente el hecho de que las tengan... sino el de que sean mas elaboradas y hayan sido constitucionalizadas...

"Su respeto constituye el fundamento de la legitimidad de todo el sistema político...

"Las reglas establecen, por ejemplo, quiénes son los jugadores y cómo deben jugar...

"En ningún juego se permite que uno de los jugadores solo pueda dar puñetazos y el otro, puñetazos y patadas, que es lo que algunos quisieran en el debate político..."

Lo anterior es tan abstracto y teórico que para entenderlo es necesario hacer referencia a situaciones y casos concretos diciendo que el período presidencial y si hay reelección o no, y, en caso de que lo haya, bajo que condiciones, hace parte de las reglas de juego. Es una de las mas importantes de todo el proceso político. Fue cambiada por el acto legislativo 02 de 2.004 que, tal como aquí se ha dicho repetidamente, tiene nombre propio.

En las democracias organizadas, los partidos, la ciudadanía y los candidatos a uno u otro destino público, participan en la vida pública, dentro del marco y conforme a los preceptos de las llamadas reglas de juego que hacen parte del ordenamiento constitucional y legal. Esas reglas obligan a quienes intervienen política a cualquier título. Se definen y establecen con anterioridad a los hechos que regulan. No son intocables. Se pueden y deben reformar cuando la conveniencia pública aconseje hacerlo. Pero no se pueden ni deben modificar para favorecer o perjudicar los intereses de alguien en particular.

Tampoco se deben cambiar sobre la marcha para alterar los desarrollos de un proceso en curso. Así como no se puede cambiar el número de asaltos acordados para una pelea de boxeo que empezó a disputarse, ni decidir que en un partido de fútbol que ya va por la mitad se jueguen tres tiempos, cada uno de treinta minutos, en vez de dos de 45, tampoco se pueden adoptar nuevas reglas políticas para satisfacer las pretensiones de uno u otro de los actores de una campaña que comenzó a cumplirse.

Los cambios que se les hagan sólo pueden regir para el futuro. Unicamente se deben aplicar a hechos y situaciones que surjan después de aprobadas las reformas que se ordenen. En el caso concreto de las reformas constitucionales, después de agotado el período de quienes las tramitaron y aprobaron y puedan ser sus beneficiarios. No se pueden ni deben modificar con el propósito de cambiar hechos y situaciones que empezaron a gobernarse por otras reglas.

Las reformas que se les introduzcan tampoco pueden tener carácter retroactivo. Con las modificaciones que se les hagan no es legítimo cambiar los resultados de situaciones antes decididas y definidas. Fue lo que se intentó en el caso del referendo: modificar el censo electoral después de que los ciudadanos habían sufragado y las autoridades divulgado el escrutinio de los votos.

Cuando el cambio tiene nombre propio y se hace con la intención de "meterle la mano" a un proceso en curso, el sistema político pierde credibilidad y aceptación. Se deslegitima porque ya no lo gobiernan reglas objetivas e imparciales. Es "amañado" por sus propios destinatarios. Sus normas son reemplazadas por disposiciones ad-hoc, que se toman en función de la coyuntura, sin visión de futuro, con nombre propio.

El acto legislativo que se comenta cambia las reglas de juego pocos meses antes de las elecciones del 2006. En Colombia, como en todas las democracias, los partidos y los candidatos posicionan sus aspiraciones sobre la base de unas reglas preestablecidas, que la opinión conoce y los interesados asumen que nadie intentará cambiar sobre las marcha, o "amañar" como se dice en el argot popular.

La mayoría de los cambios que la reelección introduce a las reglas de juego sólo se conocerán en el segundo semestre del 2005, cuando el país esté a pocos meses de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en mayo de 2006. Ese es el calendario porque, en el mejor de los casos, el Congreso expedirá antes del 20 de junio de 2005 la ley estatutaria defina temas como los derechos de oposición, la financiación de las campañas, el acceso de los candidatos a los medios de comunicación y el derecho de réplica. Si la aprueba, pasa a revisión de la Corte Constitucional, tramité que no durará menos de dos meses. La ley estatutaria se sancionaría, entonces, en septiembre.

Pero si el Congreso no dicta la ley –hipótesis bien probable porque en menos de 3 meses es casi imposible que las Cámaras la aprueben- debe expedirla el Consejo de Estado a fines de agosto o principios de septiembre. Nadie sabe todavía si el texto del Consejo de Estado, por ser ley estatutaria, debe ser revisado por la Corte Constitucional, trámite que demoraría aun más el proceso.

Asumiendo de todas maneras que haya ley en el mes de septiembre, esa ley debe ser reglamentada, en primer lugar, por el Gobierno que, aunque es parte interesada en el proceso electoral, porque tiene candidato propio, no podrá declararse impedido pues no hay quien lo reemplace en el ejercicio de sus funciones. El Consejo Electoral y la Comisión de Televisión también expedirán algunas normas reglamentarias. Todo ello sólo ocurrirá en los meses finales del 2005 y comienzos del 2006, o sea cuando la campaña se esté adelantando y se hayan vencido o estén venciendo términos electorales que son angustiosos porque obligan a los partidos y candidatos a tomar decisiones que para ellos son importantes.

No es equivocado afirmar, entonces, que a consecuencia de la reelección se cambiaron las reglas de juego no en la mitad sino al final del partido; si fuera de fútbol, se diría que durante el segundo tiempo.

Esas nuevas reglas de juego modificarán sustancialmente la vida política del país. Para empezar por lo obvio, una era la competencia entre candidatos que estaban en relativa igualdad de condiciones, y, otra, cuando uno de los aspirantes sea nada menos que el Presidente de la República que a su investidura oficial agrega la de candidato a su propia sucesión.

Mientras las nuevas reglas de juego se acaban de promulgar, la incertidumbre jurídica y política para los actores del proceso será grande e incidirá en sus determinaciones. No la habrá para el Presidente, entre otras razones, porque como Jefe de Gobierno, mediante decretos, precisará las veces que quiera el contenido y alcance de las reglas que enmarcarán su actuación como candidato. También las podrá cambiar cuando sus necesidades electorales lo aconsejen. Ningún otro aspirante tendrá ventaja comparable.

La reelección inmediata, ordenada con nombre propio, compromete la legitimidad del sistema político colombiano. El asunto es así de claro para propios y extraños. Eduardo Posada Carbó, autorizado comentarista de estos temas, escribió en 1.996: "Bill Clinton no tuvo que modificar las reglas de juego para volver a aspirar… la posibilidad de la reelección existía desde antes de que él llegase al poder. Lo que estamos presenciando en los citados países latinoamericanos (Argentina, Perú) es algo radicalmente distinto: unos Presidentes en ejercicio que imponen reformas constitucionales con el fin de autorizar su propia reelección. Y para ello han utilizado toda suerte de recursos: sutilmente abusivos en el caso de Menem, y francamente dictatoriales en el de Fujimori. Esta forma de legislar para satisfacer aspiraciones personales no puede ser buena para la democracia".

En visita que realizó a Cartagena, cuando todavía era Presidente del Gobierno Español, Don José María Aznar afirmó que la consolidación democrática de un país exige su fortalecimiento institucional, el que, a su vez, demanda que se respeten las reglas de juego.

Hasta el ex –presidente boliviano Sánchez Lozada -que está siendo procesado por la manera como reprimió el alzamiento popular que lo sacó del poder durante su segundo mandato- se sintió obligado a decir que Uribe "se está volviendo un caudillo porque éticamente no pueden cambiar una Constitución (para beneficiarse)… considero que la fuerza moral de un Presidente está en no tener conflictos de interés. Agregó, según El Tiempo, que le preocupaba que Colombia cayera en un caudillismo autoritario, por lo que aconsejó "no buscar la reelección para el actual gobierno, sino para el próximo".

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, interrogado sobre el particular, fue todavía más directo: "Toda reforma que se haga sòlo tiene que ser para el futuro, porque sería darle a la constitucionalidad una precariedad que podría ser muy mal utilizada. Creo que, incluso, Presidentes populares como Uribe deben respetar las reglas de juego con las que fueron elegidos".

Y Peter Waldamn, profesor emérito de la Universidad de Augsburg, –Alemania-, al ser preguntado sobre la incidencia de la reelección en el conflicto, respondió: "Sería mas elegante que el Presidente hubiese propuesto un cambio de la Constitución del cual no saque provecho él mismo"

Por razones de distinto orden, la reelección entre nosotros no constituye envidiable conquista democrática sino perturbador extravío autoritario. Por ello, antes de aplicarse, empezó a producir los trastornos políticos y los serios desajustes institucionales que produjo en ocasiones anteriores.

Así tenía que ocurrir porque puso de presente que tenemos instituciones tan poco consolidadas que el gobernante de turno las puede cambiar para satisfacer sus aspiraciones personales. Los partidos tradicionales tampoco resistieron el vendaval de la reelección. Además, nuestra incipiente cultura política favorece todavía la personalización del poder y el caudillismo.

Las consecuencias de este tipo de extravíos son conocidas en América Latina. Alejandro Gaviria cuenta que en un debate televisado que sobre la materia tuvieron James Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, y Douglas North, Premio Nobel de Economía, el moderador formuló dos preguntas concretas: "¿Qué pasó en Argentina y Brasil? ¿Qué lecciones podemos extraer de sus experiencias recientes?". Sin mediar un segundo, Douglas North dijo con convicción: "Le voy a contar una historia. Yo conocía bien al ex presidente Menem. Alguna vez fui a visitarlo y me dije, Doug, me voy a postular para la reelección. Pero, ¿cómo?, es ilegal, le dije. No te preocupes, yo puedo cambiar la ley. Y lo hizo. Cuando uno tiene un ejecutivo tan poderoso que puede cambiar la ley cuando le estorba, lo que tiene en el fondo es una situación en la cual la economía depende de los caprichos de los gobernantes. Y eso es un desastre". Wolfensohn se limitó a decir: "Estoy completamente de acuerdo, y nuestro enfoque (el del Banco Mundial) ha sido precisamente tratar de establecer un marco institucional estable". North terminó el intercambio con algunas frases generales sobre la importancia del imperio de la ley, el sistema judicial y los derechos de propiedad. Y en últimas, "de un sistema inmune a la habilidad de una persona para modificarlo".

Gaviria, que, como se dijo, fue sub-director de Planeación Nacional con Uribe y asesor económico suyo, en la Casa de Nariño, remata así su nota de prensa:

"Mucho se ha hablado por estos días de las consecuencias desastrosas de la no aprobación de la ley de protección al inversionista, a lo que uno podrá agregar la ausencia, ya inveterada, de acuerdos bilaterales de inversión extranjera. Pero lo que nadie ha dicho es que todas esas cosas son irrelevantes si los inversionistas perciben que el gobernante de turno posee la capacidad (y tiene la intención) de cambiar la ley a su antojo. Ese es precisamente el punto de Douglas North: los embates constitucionales por parte del Ejecutivo son fuente de incertidumbre. Y, por lo tanto, tienen un efecto adverso sobre la inversión. Al menos en el largo plazo. Quizás en el corto plazo el entusiasmo de la coyuntura esconda las dificultades de la estructura. Pero, tarde o temprano, se revelarán las consecuencias adversas del personalismo constitucional. Por ello, cuando el ministro Botero se queja de la irresponsabilidad del Congreso, manifiesta en la caída de la ley de protección al inversionista, sus palabras suenan vacías: al fin de cuentas el Ejecutivo está siendo igualmente irresponsable. La verdad del cuento es que unos y otros (ejecutivo y legislativo) parecen empeñados en lo mismo: en graduarnos de una vez por todas como banana republic. Y a fe que lo están logrando".

A más de las consecuencias anotadas en los campos económico e institucional, la reelección también ha empezado a tenerlas en el mundo político. Concretamente en la vida de los partidos tradicionales.

En el conservatismo empezó a gestarse una nueva división porque el ex –presidente Pastrana se declaró enemigo del acto reelectoral que el Directorio Nacional apoyó con entusiasmo y sin reservas. Quienes conocen la historia de la colectividad azul deben estar recordando que su última división, que duró varias décadas, salió a flote con motivo de las aspiraciones reeleccionistas de Ospina Pérez a comienzos de los años cincuenta del siglo pasado. En ese entonces la crisis conservadora surgió porque un ex –presidente de ese partido quiso repetir, no de manera inmediata, sino después de que había trascurrido un período desde cuando él dejó el mando. Ahora porque un presidente liberal quiere la inmediata. Situaciones extrañas, a veces paradójicas, tiene la vida política.

El conservatismo no presentó candidato en las elecciones presidenciales del 2.002. Apoyó a Uribe. Procedió así, tal vez, porque en su ánimo pesaba el balance que de la Administración Pastrana hizo Fabio Echeverri, el hombre fuerte del régimen: el 7 de agosto del 2.002 heredamos una finca sin agua, con plagas, el granero incendiándose y las vacas con mastitis.

En el 2.006 probablemente tampoco tendrá candidato propio porque es reeleccionista. Completará dos períodos sucesivos sin presentar a uno de los suyos. Por eso el ex –presidente Pastrana ataca a los directivos de su partido diciéndoles que no se puede cambiar "una candidatura presidencial por el Seguro Social"

En el caso del Partido Liberal las consecuencias de la reelección son mas graves, tal vez porque el Presidente militó en sus filas y dice seguir siendo liberal.

Las causas de la división y crisis liberal son varias y vienen de tiempo atrás, pero la reelección las ha profundizado y oficializado tanto que puede decirse que en este momento está comprometida la supervivencia del liberalismo como partido, entre otras razones, por la diáspora que la reelección ha causado entre sus dirigentes, militantes y efectivos. Actualmente existen el oficialismo liberal, que es enemigo de la reelección, y organizaciones reeleccionistas que desconocen y contestan la autoridad de la Dirección Nacional que tiene todavía las llaves de la casa republicana de la calle 36.

Al uribismo de origen liberal, que nadie sabe si tiene tiquete de regreso a la vieja colectividad, únicamente lo une el culto a la personalidad. Por eso no logró juntarse en un solo partido y está dividido en varias organizaciones:

Patria Nueva que se define como centro de estudios, pero está dedicada exclusivamente a la reelección de Uribe.

Cambio Radical que fundaron los disidentes liberales de 1998 amigos de la candidatura triunfante de Andrés Pastrana y ha servido, últimamente, para repartir avales de afán a quienes no tienen otro alero para cobijarse.

"Apertura liberal". Dicen que así podría llamarse la organización que reúna a los barones electorales que apoyaron a Uribe en las elecciones del 2.002 con los oficialistas que decidieron respaldarlo después de que había ganado. Estaría coordinada por el Dr. Juan Manuel Santos quien hace poco escribió: "en el fondo de este desorden está la política al menudeo que el propio Presidente se ha encargado de manejar y establecer. Por razones que ni sus amigos ni sus enemigos acaban de comprender, Uribe se ha negado sistemáticamente a organizar la política, no ha querido fortalecer los partidos, no ha dejado que se una el liberalismo y ni siquiera ha permitido que se organice y formalice el uribismo".

El Partido Nuevo que afanosamente busca los apoyos y los votos que le permitan conservar la personería jurídica después de las elecciones del 2.006.

Políticamente correcto para los norteamericanos que patentaron y pusieron a circular con éxito la expresión es lo que no ofende la manera de ser y de pensar de los demás. Particularmente lo que no lesiona los sentimientos de grupos sociales minoritarios, como las comunidades étnicas. Lo que se diga y haga en sentido contrario es políticamente incorrecto.

Esos dos conceptos bien pueden trasladarse al campo político- institucional para decir que es políticamente correcto lo que respeta las reglas de juego y se hace de acuerdo con ellas, sin buscar ventajas ni provecho de tipo coyuntural y personal. Y políticamente incorrecto lo que las desconoce y deslegitima.

Dentro de esta óptica, la reelección inmediata es políticamente incorrecta. Su aprobación constituye ejemplo de indebida utilización por parte del Gobierno y el Congreso de la capacidad que tienen para reformar las reglas de juego porque lo hicieron a favor de quienes patrocinaron y promovieron la reforma. Otra conclusión debería sacarse de su decisión si con ella no hubiesen cambiado las reglas de juego en mitad del partido, si hubiesen previsto expresamente que los efectos de su iniciativa sólo se producirían en cabeza de quienes fueran elegidos después de aprobarse, si la hubiesen acompañado de los "contrapesos" (limitaciones y controles) que exige la preservación de los valores y principios que configuran un Estado democrático de derecho.

Para algunos estos serios reparos constituyen acto de oposición que no se atreve a decir su nombre, cuando sólo obedecen al propósito de prender a tiempo las alarmas necesarias para que Colombia siga siendo ante propios y extraños país que apuesta a su estabilidad institucional. También son desarrollo de las declaraciones que hizo y la posición que asumió Álvaro Uribe contra la reelección inmediata de los gobernantes durante la campaña que lo llevó a la Presidencia. No puede ocurrir en este caso que las promesas electorales sólo obliguen a los ciudadanos que votaron por ellas, a quienes estuvieron en el uribismo como pasajeros en tránsito, y no a quienes ganaron gracias a ellas.

Los reparos a la reelección no tienen nada que ver con la gestión que ha cumplido Uribe como Presidente ni con su liderazgo frente a la Nación. Que haya sido buen Presidente para la mayoría de los colombianos no lo autoriza a cambiar las reglas de juego con nombre propio y al final del partido. Rafael Reyes y Rojas Pinilla lo hicieron bien en las etapas iniciales de sus respectivos Gobiernos. Tan bien que el pueblo quería que continuaran. Por eso asambleas constituyentes dóciles a su voluntad los "reeligieron". A partir de ese momento se "tiraron" la tarea que venían cumpliendo, se divorciaron de la opinión y terminaron ocupando en la historia del país lugar distinto del que hoy tendrían si no hubiesen oído los cantos de sirena que los invitaban a quedarse un "tiempito más".

Tampoco tienen que ver esos reparos con el liderazgo del Presidente Uribe. Lo que ocurre es que frente a quienes quieren que el suyo sea un liderazgo mesiánico, que comienza por desconocer y cambiar las reglas de juego, otros consideramos que lo que le conviene al país es un liderazgo democrático porque no creemos que los hombres puedan ser superiores a las instituciones.

Por ello, esos reparos deben verse como fuego amigo, para utilizar expresión de moda.

La reelección no tuvo para sus promotores la dimensión que por sí tiene: sustancial cambio político- institucional. No le concedieron esa dimensión y alcance cuando la concibieron ni durante el trámite del proyecto.

La impulsaron, sobre todo, quienes buscaron conservar y mejorar sus posiciones políticas, contar con Presidente amigo que los acompañara en su intención de regresar al Congreso y ampliar la participación que hoy tienen en el gobierno y la administración. "Fui yo quien lanzó a la opinión pública y a un grupo de congresistas amigos la idea de la reforma constitucional para la reelección… Me siento satisfecho de que se me haya ocurrido la idea de reformar la Constitución para permitir la reelección inmediata" (Fabio Echeverri Correa).

Procedieron así porque tampoco les interesaba convertir la reelección en punto de partida de la profunda reforma política que varias veces se ha ofrecido al país. Si se quería que la reelección cumpliera los propósitos que le atribuyen sus defensores, tenía que tramitarse mediante procedimiento políticamente correcto. Mediante procedimiento que respetara los valores que soportan la legitimidad de las instituciones. No podía tener carácter retroactivo. Solo debía autorizarse la de quienes fueran elegidos después de su aprobación. Tenía que despersonalizarse.

Al país no le ha ido bien con los períodos presidenciales largos ni con la reelección, independientemente de que a esas situaciones haya llegado por vías de hecho o de derecho.

El período que va entre 1810 y 1819 no vale la pena tenerlo en cuenta para estos efectos porque corresponde a época que dominaron y monopolizaron los héroes de la Independencia y los primeros caudillos de la naciente República. Unos y otros olían a pólvora. En varios casos los campos de batalla y los hechos de guerra reemplazaron los escenarios políticos y los argumentos.

Mas tarde, durante las primeras décadas republicanas, no se institucionalizaron debidamente reglas que definieran el origen del poder, su titularidad y rotación entre quienes pretendían ejercerlo. Fue época de tanteos y ensayos. El país cambió de Constitución siete veces, con sorprendentes periodicidad y facilidad: 1821, 1830,1832, 1843,1853,1858 y 1863.

Con la Carta de 1886 empezó nueva era. Las lecciones de las experiencias anteriores permitieron buscar, seriamente, reglas de juego estables. Sin embargo, el proceso empezó con período presidencial demasiado largo para la época (6 años) y, si se quiere ver así, una forma particular de reelección inmediata (si el titular del cargo renunciaba dieciocho meses antes de las elecciones podía aspirar). Fue lo que le permitió a Nuñez ser elegido para doce años consecutivos y ejercer el poder hegemónicamente por interpuesta persona. Ahí esta una de las causas de la Guerra de los Mil Días y del primer golpe de Estado del siglo veinte.

Regresamos a la estabilidad institucional con la razonable reforma de 1910: período de 4 años y reelección no inmediata, es decir con intermisión de por lo menos un período.

Estas nuevas reglas de juego le dieron estabilidad política al país en la materia durante prácticamente un siglo. De la controversia ciudadana no volvió a hacer parte la duración del período presidencial ni el derecho a regresar a la primera magistratura cuando la ciudadanía apoyara mayoritariamente a quien así lo pretendiera.

Dicha fórmula causó problemas políticos pero no institucionales. Ocasionó los primeros con López Pumarejo, porque su regreso al poder dividió al liberalismo y fue una de las causas de la derrota del Partido en 1946. Esa misma división surgió en el conservatismo cuando Ospina Pérez empezó campaña para hacerse reelegir. Al golpe de Estado de Rojas en el 53 no es ajena la división azul. Una de sus facciones le sirvió de apoyo al gobierno militar.

También hubo problemas políticos con los intentos reeleccionistas de Lleras Restrepo y López Michelsen. La división liberal de las últimas décadas tiene raíces en esas dos aspiraciones.

A manera de resumen puede decirse que durante el último siglo la reelección de López Pumarejo y los intentos reeleccionistas de Ospina Pérez, Lleras Restrepo y López Michelsen crearon serios problemas en el interior de sus partidos y seguramente contribuyeron a las derrotas que en esos momentos sufrieron el liberalismo y el conservatismo, pero no causaron ningún trauma ni desajuste de tipo institucional, porque los candidatos a las reelecciones citadas tramitaron sus aspiraciones de acuerdo con las reglas de juego vigentes. Ninguno de los ex –Presidentes nombrados propuso ni intentó cambiarlas para facilitar o asegurar la segunda oportunidad a que creía tener derecho.

En cambio, fueron serios y graves los problemas institucionales que ocasionaron las pretensiones de Reyes y Rojas Pinilla. Guardadas las proporciones debidas, los dos prolongaron su permanencia en el poder "poniéndole conejo" a las reglas de juego, acomodándolas a sus propias aspiraciones y necesidades, "personalizándolas". Ambos borraron con el codo las exitosas gestiones que inicialmente cumplieron. Los abusos de poder y la corrupción acompañaron sus "mandatos prolongados". Las "reelecciones" que lograron, apoyados en su popularidad y en la creencia de que habían "pacificado" el país y restablecido la concordia, precipitaron su caída y los obligaron a salir clandestinamente del país.

Las lecciones que dejaron los casos de Reyes y Rojas, de un lado, y los de López Pumarejo, Ospina Pérez, Lleras Restrepo y López Michelsen, del otro, también contaron en el ánimo de los constituyentes de 1991 para prohibir la reelección de manera absoluta.

Este somero repaso histórico permite concluir que la reelección presidencial inmediata cambia radicalmente la historia constitucional del país. Produjo serios y graves problemas políticos e institucionales cuando no se manejó con visión de futuro, prevalecieron los inmediatismos propios de la coyuntura, la decisión se personalizó y tuvo nombre propio. Se olvidó que las reglas de juego, que son reglas de oro en todos los sistemas democráticos, deben ser respetadas. Dentro de otro contexto, lo sucedido es comparable a lo que ahora ocurre con el acto legislativo 02.

Nadie controvierte la necesidad y conveniencia de revisar las normas vigentes sobre duración del período presidencial y reelección para decidir, por ejemplo, que el primero se amplíe a 5 años y, a la luz de esa determinación, disponer la hay o no, y, en caso afirmativo, dentro de cuáles parámetros y con sujeción a qué requisitos. Todas las inquietudes y propuestas que aparezcan sobre ese y temas conexos, pueden y deben estudiarse y debatirse juiciosamente.

Pero esa es apenas parte de la gran reforma política varias veces ofrecida y aplazada. De la gran reforma que le dé contenido y fuerza a la política y a la participación ciudadana en la vida pública. Que relegitime las instituciones.

A la Constitución de 1991 se le han hecho en 14 años tantas reformas -"reformitas" porque ninguna ha sido importante, salvo, claro esta, la de la reelección, como Enmiendas a la Constitución de Filadelfia en mas de 200 años. Pero el país no ha sido capaz de hacer la gran reforma que exigen los cambios volcánicos ocurridos en los tres últimos lustros.

El debate sobre la reelección debió ser el punto de partida de esa gran reforma, entre otras razones, porque lo que sobre reelección se decidiera tenía los efectos propios de verdadero "dominó constitucional" pues exigía revisar parte apreciable del ordenamiento político- institucional del país.

Como el debate se redujo al "articulito" que quería el Gobierno, la reelección, una vez institucionalizada, también producirá apatía y desinterés. Más de lo mismo pensarán muchos, inclusive entre quienes consideren bueno lo que se está haciendo. Por fuera del debate quedó "un aspecto clave para los súbditos a pie: el simple cansancio de soportar durante ocho largos años la figura de un mismo Presidente. Cuando el hombre lleve un lustro en el poder, su tono nos reventará los tímpanos, seremos alérgicos a sus corbatas y sus muletillas, y su estampa habrá rayado todas las retinas. Nadie podrá quejarse de que el público busque refugio, intentando reposo… en un caudillo peor pero opuesto al repitente, que sea su antónimo, el sello de su cara" (Pascual Gaviria).

Como el Gobierno y sus mayorías en el Congreso tenían afán en que se decidiera si había reelección o no, lo menos que se podía pedir era que respetaran las reglas de juego y que el tema se tratara con puntada de monja y precisión de relojero, porque eran varias las reglamentaciones constitucionales que se deben cambiar, si se querían evitar, claro está, los estropicios políticos e institucionales que históricamente ha producido la reelección en Colombia.

¿Porqué el Congreso debía decidir presionado por la coyuntura y las circunstancias, sin respeto por las reglas propias de las democracias organizadas como Estados de derecho? ¿Porqué tenía que atentar contra la legitimidad del ordenamiento político- institucional? ¿Porqué no recordó que, cuando se ha procedido de esa manera, el país se ha equivocado en materia grave? ¿Por qué olvida que la continuidad de las políticas públicas puede conseguirse por medios políticos e institucionales distintos a la reelección, que no causan ningún trauma? Fueron preguntas que no encontraron respuesta válida porque sólo interesaba la coyuntura, la presidencial persona de Álvaro Uribe y las elecciones del 2.006. Nada más. Tampoco nada menos para quienes tomaron la decisión.

La conocida máxima del destacado jurista Charles Evans Hughes que fuera Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos resume bien el poder de los jueces, particularmente de los tribunales que ejercen la llamada jurisdicción constitucional.

En desarrollo de tan importante atribución, la Corte Constitucional decidirá la validez jurídica del acto legislativo 02 de 2.004. Lo hará en derecho. Hará prevalecer la "supremacía e integridad de la Constitución". Una vez mas sabrá administrar justicia, como lo ha hecho en todos los asuntos que han sido llevados a su consideración. Continuar haciendo respetar su condición de conciencia jurídica de la nación.

Sus fallos han sido y seguirán siendo objeto de variados, polémicos, encontrados y cuestionadores comentarios. Así sucederá en relación con todos los demás que profiera. Afortunadamente para la justicia colombiana, nunca se ha puesto en duda su honestidad y su independencia..

Por ello son equivocados en materia grave e indebidos los intentos que se han hecho –o hayan podido hacer- con el propósito de "direccionar" u "orientar" su fallo sobre la reelección.

La señora Embajadora de Colombia ante España invitó la Corte a Madrid con motivo de la visita que el Presidente Uribe debía realizar a ese país. Obviamente, la Corte no aceptó tan "desinteresada" invitación.

El ex –alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa en difundidas declaraciones de prensa afirmó que "el Presidente (Uribe) también está en campaña con los Magistrados de la Corte. Así como la movió (la reelección) en el Congreso, ahora está moviéndola con los Magistrados". Infortunadamente el ex –alcalde no concretó sus declaraciones cuando los periodistas le pidieron que las precisara.

Pocas personas no suscriben la terminante afirmación del ex–ministro Fernando Londoño: "el Presidente barre en las urnas a cualquiera que sea su oponente".

Las razones de esa victoria anunciada son varias. El orden en que se citan no es el mismo para todos los sectores de opinión. Lo que importa es que cuentan para que el candidato oficial triunfe, inclusive desde la primera vuelta.

En materia de seguridad –que sigue siendo la primera preocupación y necesidad de los colombianos- los logros de los últimos años son significativos. Especialistas y entendidos en la materia pueden formularle reparos a la política de seguridad democrática, pero es innegable que ha sido exitosa, por lo menos en provincia y en las carreteras porque la inseguridad urbana se ha disparado últimamente. Esa política tiene nombre propio. Se llama Álvaro Uribe.

El Presidente, además, representa y lidera proyecto político de derecha para un país que se derechizó por los excesos de la guerrilla y otros actores ilegales del conflicto.

Con sus llamados consejos comunales o comunitarios, el Gobierno ha sabido llegar a la Colombia profunda que antes, sólo excepcionalmente, era visitada por los funcionarios públicos. Así ocurre sin consideración a los resultados prácticos ni al sabor populista que tienen, o precisamente por ello porque en política, mas que los favores recibidos, se agradecen los que se esperan.

El Presidente- candidato, cualquiera que sea, tendrá siempre a su disposición los instrumentos del Estado y del poder. Acudirá a todos ellos , porque, como se dijo atrás, no hay norma que lo prohíba ni autoridad que lo controle eficazmente.

Como si lo anterior fuera poco, Álvaro Uribe ha mostrado que y sabe hacer política. Es un "amansador de opinión" dice Diana Sofía Giraldo. A esas calidades agregará como candidato su condición de Presidente en ejercicio. Como tal sabe para qué es el poder y cuál, su capacidad multiplicadora.

Tan pronto como fue claro que la reelección era propuesta oficial y que el Presidente tenía interés en ella, recibió el apoyo de quienes habían sido declarados opositores suyos o le habían formulado serios reparos.

El 28 de octubre de 2.003 el Senado de la República en pleno negó el proyecto reelectoral que fue llevado a su consideración. Ese mismo Senado, en mayo de 2.004, lo aprobó. Entre una y otra fecha, el Gobierno hizo saber que era partidario de la reelección de Álvaro Uribe. Más de veinte distinguidos senadores, por esa elemental pero poderosa razón, cambiaron de opinión y de voto.

Durante la primera vuelta, en la Comisión Primera de la Cámara, el proyecto salió con forceps. El Gobierno pagó elevado peaje pero lo sacó adelante. Consiguió que se aprobara por la mitad mas… un volteado. Yidis y Teodolindo, por si uno de los dos fallaba. En la segunda vuelta, las mayorías a favor del proyecto aumentaron en esa Comisión y el resto del Congreso.

Después de aprobada, la reelección ha recibido el apoyo de quienes lo criticaron. "Hay que saber perder" argumentan quienes a lo mejor lamentan haber sido tímidos opositores. A medida que avance la campaña, también se subirán al carro de la victoria la mayoría de las maquinarias políticas. "Si en un principio había quienes se oponían y ahora esos mismos la aprueban, sus motivos son nobles: han visto la luz" (Antonio Caballero).

Uribe ganará, entonces, porque tiene todo a su favor: el poder, los gringos, el gran capital con los cacaos a la cabeza, la televisión oficial y privada, el presupuesto, los medios. Del candidato de la oposición, si lo hay, se dirá en cambio, que representa el clientelismo populista, la guerrilla y/o sus reinsertados, la izquierda radical. Si otros aspirantes quienes parecerse a Uribe, los electores dirán que, en vez de la copia, prefieren el original.

Darle continuidad a la política de seguridad democrática es el argumento mayor –por no decir único- de los reeleccionistas. Como dentro de los logros de esa política figuran las negociaciones de paz que el Gobierno adelanta con las Autodefensas y éstas han dicho que, una vez reinsertadas, participarán abiertamente en la vida política del país, es explicable que a las AUC, por esas y otras razones más, interese la reelección presidencial.

El Nuevo Siglo (feb. 28 de 2005) publicó las grabaciones de algunas de las conversaciones que los comandantes de las Autodefensas sostuvieron con el Comisionado de Paz. En ellas expresamente aparece la reelección. Los comandantes piden que se preserve y defienda el proceso que con ellos se cumple porque "en esta nueva coyuntura la brújula va a ser la reelección y atacando este proceso se ataca la reelección del Presidente Uribe… nosotros estamos creyendo en la palabra de un solo hombre… si nosotros tuviéramos la seguridad que la reelección es un hecho… (el proceso) no solo camina, sino que vuela". Agregan que las capturas ordenadas contra jefes paras dentro de las investigaciones adelantadas contra algunas Administradoras del Régimen Subsidiado (A R S) son "un ataque a la reelección". También le preguntan al Dr. Luis Carlos Restrepo si "el Gobierno se sentiría ilegitimo" en caso de que "nosotros (las autodefensas) impulsemos la reelección desde nuestras zonas".

La extradición hace igualmente parte de esas grabaciones y se vincula, por razones obvias, a la reelección. En la mesa de conversaciones saben si un Presidente –en este caso Uribe- niega una extradición, quien lo reemplace, puede concederla ante la insistencia de Estados Unidos. Por eso Mancuso se pregunta qué pasará cuando termine el período del Presidente actual y venga otro que diga "Uribe no los extraditó pero yo no voy a mamarme esa gente de los Estados Unidos presionándome". Pide, por ello, que el problema no sólo se solucione "temporalmente, mientras el señor Presidente sea Presidente de la República ", sino que "lo arreglemos de raíz con el Gobierno de Estados Unidos". Otro comandante -Jorge 40- opina que como el asunto está en manos del Ejecutivo hay que "reelegir al Presidente".

Después de las conversaciones citadas, cuando solicitaron ser oídas en el relación con el proyecto de ley llamado de alternatividad penal, las Autodefensas volvieron a decir, esta vez mediante comunicado profusamente divulgado, que a los enemigos del proceso de paz con ellas los mueven su odios y animadversaciones "contra la reelección" y que algunas de las iniciativas llevadas al Congreso lo que buscan es "asestarle un puñalada matrera a la reelección presidencial".

Como lo advierte Pedro Medellín, el país "no quiere asumir que, desde hace años, el control territorial de la guerrilla y los paramilitares ha significado control sobre las decisiones de los votantes… ellos definen quién es candidato y por quién se debe votar… eso implica que las elecciones no sean competitivas. Es decir, que los candidatos no pueden aspirar a ser electos en igualdad de condiciones. Nadie quiere considerar el peso que tiene el poder electoral de los grupos armados en una negociación de paz, ni el poder político que le otorga al Presidente el tener a mano un instrumento como la extradición. Tampoco se quiere asumir que en las zonas controladas por los grupos armados, las sociedades viven amedrentadas y las dirigencias políticas acorraladas".

Es lo que sostiene Andrés Pastrana después de advertir que "el paramilitarismo, con sus dineros, sus armas y sus condiciones políticas puede inclinar la balanza electoral" porque controla "el 35% del Congreso, 300 municipios, el 40% de las exportaciones de droga, un alto porcentaje de las tierras cultivables y temibles ejércitos privados".

Bajo tales supuestos, se preguntó el ex -presidente sí es lícito negociar con tal poder electoral mientras la cabeza negociadora está en trance electoral, si ello constituye simple interferencia o flagrante incompatibilidad y si en esas condiciones se pueden dar garantías plenas de igualdad para participar en unas elecciones. Agregó: "A la reelección inmediata se le ha señalado, desde su concepción y por todos los medios, una extensa gama de incompatibilidades. Sin embargo, su incompatibilidad con un proceso o pacto de paz repercute en dos ámbitos esenciales a la supervivencia misma de nuestra democracia: el proceso de paz y el proceso electoral. Mientras proceso de paz, poder político paramilitar y elecciones no se deslinden, se cierra el espacio a la generosidad necesaria que se requiere para sanar heridas. Y se abre el espacio a la suspicacia, riesgo al que no se puede exponer la democracia representativa. Hacia el futuro contemplo, inquieto, la mella a la transparencia de cualquier proceso de paz y de la misma democracia que implicaría el envolvimiento del Jefe de Estado, garante como debería ser del equilibrio, en un proceso electoral inmediato, en el que tendrían tanto peso los hoy poderosos interlocutores en las mesas de paz que debemos despojar de suspicacias y envolver en transparencia".

Terminó diciendo que "en aras de perseguir la seguridad, no podemos permitir que se resquebrajen otros valores esenciales de nuestra sociedad y nuestras creencias, como lo son la democracia y la igualdad….(porque) como dijo el gran Benjamín Franklin: quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria, no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad".

López Michelsen piensa lo mismo: "los paramilitares van a desempeñar papel capital en la reelección de Uribe, sin escrúpulos, amenazando gente".

¿Cómo oponerse y contestar democráticamente la reelección? Votando en blanco. En esta coyuntura el voto en blanco es un acto de desobediencia civil en el campo político que convierte la participación electoral en acto pacífico de protesta, rechazo, censura y castigo a quienes, en vez de hacer la reforma política que ofrecieron, con la reelección pusieron en marcha verdadera contrarreforma política.

El voto en blanco es comparable a la resistencia pacífica de los indígenas. Es útil y eficaz. La Constitución colombiana es, tal vez, la única en el mundo que (1) ordena repetir la votación si el voto en blanco fue "mayoría en relación con los votos válidos"; (2) prohíbe que en la segunda oportunidad se presenten como candidatos quienes lo fueron en la primera; y (3) dispone que lo anterior rija en las elecciones que se celebren para alcaldes, ediles, concejales, gobernadores, diputados, congresistas y Presidente de la República.

Por eso, si en la primera vuelta de las presidenciales del 2.006, el voto en blanco es mayoritario, se produce un terremoto político, o verdadera revolución electoral: el pueblo en las urnas, pacífica y democráticamente, habrá votado contra la reelección como institución y la habrá derrotado políticamente, porque le dio a las elecciones el alcance que hubiera tenido un referendo derogatorio o revocatorio del acto legislativo 02 de 2.004.

También querrá decir que el pueblo ordenó la convocatoria de nuevas elecciones sin la presencia de un candidato, el Presidente en funciones, que rompe la igualdad de condiciones y el equilibrio que debe haber entre los aspirantes, o sea de elecciones en las que se respeten las garantías propias de los regímenes democráticos.

En vez de votar contra Uribe haciéndolo por otro candidato, es más efectivo votar en blanco, así como fue útil abstenerse cuando el referendo. Votar por cualquiera de los candidatos legítima y valida la reelección. Le hace el juego al sistema. Sus partidarios podrán decir que hubo pluralismo y democracia.

El texto constitucional que hace eficaz el voto en blanco es poco conocido (acto legislativo 01 de 2.003). Rigió por primera vez en las pasadas elecciones de alcaldes y gobernadores. Ni las autoridades electorales, ni los partidos, ni los medios han divulgado su contenido y alcance. Sin embargo, triunfó en dos municipios de Cundinamarca (Cabrera y Susa) Y mas del 25 y el 30%, respectivamente, de los electores del Magdalena y el Cesar rechazó con su voto en blanco las candidaturas únicas para las Gobernaciones de esos Departamentos. En Valledupar, en esas mismas elecciones, perdió por apenas 1.600 votos (40.000 en blanco contra 41.600 por el candidato único a la Gobernación). En las elecciones legislativas ha venido creciendo. Pasó de 148.307 votos en 1.994 y 362.860 en 1998, a 454.740 en el 2.002.

Si estuviéramos en Dinamarca, todo el anti- reeleccionismo escogería candidato único y lo enfrentaría al Presidente en campaña. Pero como estamos en Cundinamarca, no habrá ese candidato de unidad.

No lo habrá porque la oposición (básicamente el liberalismo oficialista y el polo democrático) se "enredarán" en la escogencia del candidato que la represente. Conociendo la vida política colombiana y las distancias, celos y diferencias que separan los distintos sectores y tendencias de la izquierda, no es difícil prever que saldrá "desgastada" y fraccionada del proceso que adelante para la consecución de ese candidato. Lograr la unidad en torno de la abstención que exigía el referéndum no era difícil. Juntarse alrededor de un candidato es casi que imposible. Habrá no menos de dos candidatos de oposición cuando la ilegitimidad de la reelección se demostraría aún más si hubiese candidato único sobre el tapete: el oficial.

Además, se inscribirán candidatos distintos del liberal y el del polo. Lo harán por razones múltiples: libido de linotipo (figuración en los medios), reembolso de gastos electorales, deseo de enturnarse para el 2.010, creencia de que su partido desaparece si no tiene candidato propio, servirle de comodín al gobierno o deseo de validar la reelección de esa manera. Ninguno de todos esos candidatos tendrá opción real y cierta de triunfo por las razones que atrás se expusieron.

Frente a panorama tan desolador, a quienes no somos partidarios de la reelección, porque la encontramos ilegítima e inconveniente, también a quienes se oponen a ella por otro tipo de razones, corresponde denunciarla en las urnas votando en blanco, lo cual no quiere decir que asuman una posición negativa, ni de indiferencia, sino propositiva, porque, como luego se dirá, el voto en blanco debe hacer parte del proyecto político que es necesario estructurar frente a la desinstitucionalización y el desmonte de la Carta del 91 que están en curso.

Lo primero que debe hacer la oposición es elegir en las parlamentarias de marzo del 2.006 una bancada respetable y seria que ejerza responsablemente las funciones legislativas y de control político que le permitan (1) cumplir la misión histórica del próximo Congreso Nacional: defender y mejorar el Estado democrático de derecho y (2) convertirse en alternativa de poder, porque hoy no lo es. Su escenario para estos efectos es el Congreso y no la derrota que sufra con uno o dos candidatos en las presidenciales.

Lo segundo es participar activamente en las presidenciales de mayo, sin candidato, defendiendo el voto en blanco, invitando a votar así a quienes no sean partidarios de la reelección por razones de tipo político- institucional, a quienes no hayan inscrito candidato porque encontraron que la competición no era democrática y a quienes tengan reparos políticos o personales a los candidatos inscritos, incluido obviamente el Presidente –candidato.

La participación política en las democracias modernas no se ejerce exclusivamente a través de los mecanismos propios de los procesos electorales. Y dentro de éstos, la única opción no es la de votar por las listas y candidatos que reclaman el favor popular. También están el voto en blanco y la abstención activa que es eficaz cuando el ordenamiento exige un umbral para la validez del acto de que se trate, como ocurrió en el caso del referendo.

Votar en blanco no constituye, entonces, delirio politico. A pesar de que no se han divulgado las normas que le otorgan eficacia política y jurídica, el pueblo, que entiende más y es más inteligente de lo piensan los reeleccionistas, ha empezado a valorar su contenido y alcances. Ya sabe hacer uso del poco usado sentido común. No dejará que le mamen gallo una vez más. Tendrá oído sordo frente a los discursos caza votos y los programas atrapamoscas. El voto en blanco constituye no rotundo a la reelección como institución. También arma política de destrucción masiva porque con el, simultáneamente, pueden "morir" varios candidatos y sus maquinarias.

Triunfar con el voto en blanco representa esperanza político-electoral contra la que no se puede atentar porque, como dijo alguien, los únicos pecados que no se perdonan ni tienen redención son los que se cometen los deseos y pretensiones de quienes son audaces y muestran valor político.

Como es lo que mas le duele al establecimiento, antiguo y nuevo, lo que menos sirve sus intereses, empezando porque consideran que una alta votación en blanco le hace perder, o, por lo menos le resta legitimidad a sus elegidos, lo van a descalificar, diabolizar y satanizar. Dirán que sus partidarios son "cobardes políticamente", inclusive, que son aliados del terrorismo, o que juegan a la desestabilización institucional. También acudirán a la extorsión política (reparto de auxilios y almojábanas).

Si la oposición considera que sumada podría ganar, pero que no se dan las condiciones que le permitan escoger un solo candidato, también debe votar en blanco porque con esa mayoría puede conseguir que se repitan las elecciones y convertir ese primer triunfo en el punto de partida para la consecución del candidato de unidad con el que ganaría la Presidencia.

En cualquiera de las hipótesis planteadas si el voto en blanco no triunfa se habrá denunciado con él la ilegitimidad de la reelección, asumido posición política responsable y hecho ejercicio válido para el tercer paso que debe dar si quiere ser alternativa seria de poder: ganar las elecciones departamentales y municipales del 2.007.

La crisis de los partidos tradicionales tiene una de sus causas en el hecho de que abandonaron los temas regionales y locales, les concedieron poca importancia, creyeron que ocuparse de ellos era congestionar su agenda con asuntos de carácter menor, cuando su importancia es cada día mayor en los campos político, económico y social. Recuperar esos espacios abandonados, darles contenido y proyectarlos tiene que hacer parte del proyecto político post-reeleccionista.

Sobre esos tres pilares –elección de respetable bancada parlamentaria en las legislativas del 2.006, voto en blanco en las presidenciales del mismo año y sólida implantación en las departamentales y municipales del 2.007- conviene construir el proyecto político que permita competir en igualdad de condiciones en el 2.010. También, el muro de contención a las aspiraciones continuistas que pueden repetirse dentro de 4 años. Casos se han visto. Para todo hay que estar preparados.

Ejercer el deber electoral votando en blanco con "disciplina cívica y devoción religiosa" es la obligación de quienes tengan la audacia y el valor de rebelarse políticamente contra la reelección y asuman el propósito de derrotarla antes de que produzca todos los estragos que históricamente ha producido en el país. Tenía razón Saramago cuando dijo: "si yo fuera colombiano y tuviera la ocasión de votar, votaría en blanco"