IV

Los costos que tiene y los estragos que produce son varios y de distinta naturaleza. Los tiene y los produce desde antes de que se formalice la aspiración del jefe de gobierno a repetir. Desde cuando decide hacerlo que, normalmente, es cuando se posesiona para el primer período. A veces, antes. A partir de ese momento se abre la Caja de Pandora de la reelección.

Su primera, pero no única, gran consecuencia es que el Presidente deja de ser el Primer Magistrado de la Nación y se convierte, como dice Alberto Aguirre, en "El candidato, el Único, el Unigénito, el Elegido". Su candidatura, obviamente, orienta y direcciona toda la gestión oficial, todos los programas y proyectos del Gobierno. Es natural que así ocurra.

Además, la reelección es contagiosa. Mediante decreto 2082 de 2004 se autorizó la reelección indefinida de los presidentes de las juntas directivas de las cámaras de comercio. Antes sólo se permitía la reelección mediata. El primer beneficiario de la nueva norma fue el consejero presidencial Fabio Echeverri, quien únicamente podía presidir la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá hasta el 30 de junio de 2004. Dos días antes, el 28, el Gobierno dictó el decreto que permitió reelegirlo.

¿ Magistrado o candidato?

 

¿Qué le conviene más al país, a sus instituciones políticas, a sus formas democráticas y a su Estado de derecho? ¿Que el Presidente conserve la condición de Primer Magistrado de la Nación, que durante mucho tiempo le otorgó la Constitución, y tiene todavía en la conciencia de los colombianos, o que abandone ese carácter ,y, mientras ejerce el cargo, intervenga en política, haga campaña a favor suyo, e invite a sus compatriotas a votar para que él siga portando el tricolor nacional durante 4 años mas?

Las Constituciones Provinciales de Tunja (1811), Antioquia (1812) y Mariquita (1815) y las nacionales de 1830, 1853, 1858 y 1863 le dieron al Presidente el título de Magistrado. El Libertador, en los decretos que firmaba, también ponía de presente esa condición. Todavía, cuando se hace referencia al Presidente, se habla del Primer Magistrado de la Nación. Esa imagen tampoco ha desaparecido del lenguaje oficial y protocolario.

Es la idea que sirve de fundamento al artículo 188 de la Constitución vigente: "El Presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos" (subrayas fuera de texto).

La condición de Magistrado imprime carácter. Infunde respeto. Es sinónimo de jerarquía y rango. Honra a quien la ostenta. También genera responsabilidades. Por eso debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, no únicamente los de quienes votaron por él o lo harán para un segundo período.

También trasmite otra imagen. La del juez supremo que está por encima de las controversias que dividen la opinión y no tiene interés alguno en la escogencia de quien debe reemplazarlo. No pretende sucederse a si mismo, ni ser su propio sucesor. Se comporta como juez imparcial del proceso electoral. Arbitra, no juega el partido. No cambia las reglas a su favor porque no juega sucio ni lo hace con cartas marcadas.

El Primer Magistrado, entre nosotros, es la máxima y mas respetable autoridad del Estado. De él pensamos, guardadas las proporciones, lo que piensan en Estados Unidos de su propio Presidente: "interpreta la conciencia del pueblo, sus mas sinceras convicciones, mientras que el Congreso representa sus apetitos y ambiciones".

Cuando el Presidente asume la condición de candidato, porque pretende la reelección, deja de representar a todos los colombianos. Deja de ser Magistrado y se convierte en el primer candidato o en candidato único. Seguramente representa las mayorías –para conseguirlo ha ejercido el poder durante 4 años- pero no simboliza la unidad nacional. Deja de ser guardián de los derechos y libertades de todos sus compatriotas porque, políticamente, no todos ellos tienen el mismo valor y significado para él. Quienes no hagan parte de su campaña ni compartan su proyecto político, serán adversarios, amigos de la contraparte, si la hay, con quienes hasta las relaciones personales, si existían, se volverán tensas. Difícilmente él y sus mas cercanos colaboradores no caerán en la tentación de utilizar – así sea sutilmente- el poder del Estado con fines electorales. La sombra de su aspiración impedirá al Presidente en funciones gobernar imparcialmente. Repetidas experiencias históricas así lo prueban. Por ello la reelección ha tenido más enemigos que partidarios y casi siempre se ha prohibido.

"La razón irrefutable de esa prohibición fundada en la experiencia tanto como en el buen sentido, es obvia: el jefe del gobierno tiene en sus manos la fuerza pública, todo el vasto tren de empleados administrativos, y cuantos medios de influencia y aun de presión y soborno pueden ser empleados para obtener la reelección inmediata. Y es claro que semejante reelección, no solamente no significa la verdadera opinión y confianza de los electores, sino que es ocasionada a los más graves actos de intimidación y corrupción del Estado, y mil perniciosas contingencias en el gobierno y administración. Baste decir que son fenomenales los ejemplos de presidentes que, siendo reelegibles inmediatamente, no hayan sido reelectos; mientras que son pocos los que, después de transcurrido un período presidencial, obtienen libremente la reelección" (José María Samper).

El país prefiere, sin duda, en el Solio de Bolívar un magistrado y no un candidato que participe en la confrontación política como aspirante al máximo cargo de la Nación.

Cuando Marco Fidel Suárez -sin ser candidato- polemizó con Laureano Gómez, éste escribió: "No me fastidia que el señor Presidente quiera entrar a la agria batalla de la prensa con no disimulada combatividad; que se desnude de la augusta clámide de la primera investidura republicana para bajar a la candente arena de los gladiadores a dar, pero también a recibir, golpes tremendos. Padecerá con ello la majestad de la República y sufrirá necesaria y forzosa mengua el respeto debido a quien lleva sobre el pecho la insignia de Colombia. Lo que no es aceptable es que esa labor se verifique aprovechando la posición oficial para obtener una ventaja sobre los posibles y buscados contendores, que se empleen los elementos y materiales de propiedad del Estado, que se compran con los dineros públicos para el servicio general, en propaganda y campañas que a ese ejercicio son ajenos".

El tono de lo que será la próxima campaña presidencial lo adelantó su consejero Fabio Echeverri cuando dijo ante los periodistas que Álvaro Uribe no había sido agresivo ni pugnaz en las declaraciones que había concedido a una cadena radial: "Lo vi normal. Lo que pasa es que no están acostumbrados a que la gente defienda sus tesis. Por el hecho de ser Presidente, ¿él deja de ser macho, deja de ser hombre, deja de ser señor y deja de ser ciudadano? Mejor dicho, tiene la obligación de no dejarse calumniar o faltar al respeto".

Durante la campaña y el primer año de su gobierno, Álvaro Uribe habló de la necesidad de una gran reforma política (congreso unicameral, federalización, partidos, financiación de campañas, sistema electoral). El tema desapareció a partir del momento en que la reelección salió del closet.

Lo mismo ocurrió con las grandes reformas que se anunciaron a la administración de justicia. Ni siquiera han sido llevadas a consideración de las Cámaras. El Gobierno seguramente espera que la Corte Constitucional decida la suerte final de la reelección. Una vez que esto haya ocurrido, volverá a hablarse de cambios que tienen en los recortes al control de la constitucionalidad su pieza maestra.

La reelección también desplazó en la agenda y prioridades legislativas, entre otros, los proyectos sobre alternatividad penal (marco jurídico para la negociación con los paramilitares) y pensiones (que quedó en mitad de camino).

Amigos cercanos del gobierno, como el Presidente de Fedesarrollo, advirtieron el mismo hecho en relación con otro tipo de iniciativas: "se requiere con urgencia retomar los temas de la reforma laboral y la reforma tributaria, proyectos que en el primer semestre del año (2004) la administración Uribe dejó de lado para concentrarse en sacar adelante la reelección".

Juan Manuel Santos también fue directo: "la reelección desplaza los otros temas importantes de la agenda pública, y al mismo tiempo cambia el referente de todas las acciones del Gobierno: muchos ya no verán al Presidente trabajando, trabajando y trabajando, sino reeligiéndote y reeligiéndose, a toda costa. El primer damnificado de todo este cambio de percepción será el Gobierno y el propio Presidente".

La lucha contra la politiquería y la corrupción fue bandera central de la campaña de Uribe. Desapareció ante la necesidad de conseguir que el Congreso, con forceps, sacara adelante la reelección. Son varios los testimonios que así lo confirman.

"El país percibió que en aras de que la reelección pasara en el Congreso, el gobierno estaba repartiendo puestos a diestra y siniestra a los parlamentarios. Escándalos como el cambio repentino de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, quienes salvaron el proyecto en la comisión primera de la Cámara; la denuncias de los nombramientos a familiares de parlamentarios en el servicio exterior o la puja de algunos congresistas por instituciones claves para el desarrollo económico como el Invías o Findeter, fueron señales de que la anunciada revolución en las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo quedó a medio camino. Allí no sólo el presidente Uribe sino el país perdieron la oportunidad histórica de golpear una de las principales fuentes de corrupción".(Larisa Pizano)

María Isabel Rueda escribió que el 2004 fue un mal año para el Presidente Uribe porque "la reelección con todas sus pestes permitió que lo acusaran de puestero y de repartir auxilios, algo que hace un año repugnaba a su imagen".

El Tiempo también denunció el hecho: "A la hora de empujar la reelección (el gobierno) se la jugó toda, abandonó anunciados propósitos de buscar entendimientos por bancadas y revivió la controvertida política al menudeo (para luchar voto por voto), los desayunos de Palacio y la discusión sobre inversiones en las regiones. Esa es una realidad lamentable, que deterioró el balance de la legislatura".

La reelección permitió verificar que las prácticas tradicionales se acompañaron de refinadas y supremas formas de clientelismo, inclusive en áreas del servicio público que no eran cuota de la clase política, porque la nómina diplomática y consular sirvió de caja menor para atender las aspiraciones de los familiares más cercanos a senadores y representantes. Hasta los candidatos presidenciales derrotados en las urnas por Uribe fueron tenidos en cuenta.

No fueron ajenos al trámite de la iniciativa reelectoral. Fueron su caja negra. Así lo reconocen altos ex –funcionarios del gobierno Uribe y calificados medios de comunicación del exterior. Todos los gobiernos condenan los auxilios en sonoras declaraciones y publicitados pronunciamientos oficiales, pero todos los utilizan. Por haber sido Ministro de Hacienda en dos ocasiones (una con Uribe), el Dr. Roberto Junguito habla con autoridad sobre el tema:

"Es de público conocimiento que en administraciones posteriores a 1991 (año en que constitucionalmente se prohibieron los auxilios) se diseñó un sistema de cupos o asignaciones presupuestales vinculadas con la aprobación de reformas económicas y que éstos alcanzaron a ser muy cuantiosos… No obstante haber logrado la primeras reformas económicas de la presente administración (la de Álvaro Uribe) sin incrementar el presupuesto para satisfacer los apetitos regionales por medio de auxilios, la realidad es que los congresistas comenzaron a solicitar adiciones para inversiones regionales como condición para aprobar el Plan de Desarrollo".

Le faltó agregar al Dr. Junguito que los auxilios a que se refiere también sirvieron para que el Congreso aprobara la reelección. Fue lo que digo sin reservas el Dr. Fernando Londoño, ex –ministro del Interior del Presidente Uribe:

"Es por eso que tiene tan inaudita gravedad la denuncia que se hace desde tantos sectores, en el sentido de que para la reelección presidencial se está volviendo a las viejas mañas del clientelismo y de la politiquería. Se ha dicho, sin que tengamos rectificaciones contundentes, que desde la Secretaría General de la Presidencia se han distribuido empleos entre los representantes y los senadores a cambio de votos, que en eso consistía específicamente una forma de tráfico de influencias. Por estas mismas ondas de La hora de la verdad el ex presidente del Senado de la República fue el que denunció que desde la Secretaría General de la Presidencia se estaban haciendo favores burocráticos, y ahora surge el espectro, que sería fatal, de una distribución de auxilios para conseguir la reelección presidencial".

Londoño Hoyos se refería a estas declaraciones de Vargas Lleras: "Crítico que el Secretario General esté llamando a los Representantes a la Cámara para crearles expectativas de gobierno. El no debería estar actuando así. Se equivoca y ese no es el camino….Llamar a los representantes de manera individual me parece equivocado"

El calificado semanario político Newsweek no se quedó atrás: "En su propósito de lograr la reforma constitucional, Uribe acudió al barril de los puercos y el nepotismo para conseguir los votos que necesitó en el Congreso" Barril de los puercos llaman en Estados Unidos los auxilios parlamentarios.

De magistrado a candidato, dijimos, es el primer costo de la reelección. Así ocurre aun antes de que la aspiración del Presidente en funciones se anuncie oficialmente. Es lo que está sucediendo. El Presidente Uribe asumió la candidatura y está adelantando la campaña correspondiente con todas las ventajas que su investidura le confiere.

A quienes se atreven a decir que el Presidente no puede hacer política desde el cargo (hacer campaña es hacer política) se les responde que el dr. Uribe simplemente está gobernando y que en todas partes gobernar es hacer política.

Olvidan los panegiristas del régimen que hacer política para un gobernante es diseñar, estructurar y ejecutar políticas públicas, no hacer campañas electorales, ni recorrer el país, acompañado de las cámaras de la t v. oficial, institucionalizando la política del menudeo en forma de ayudas asistencialistas y haciendo populismo electoral.

Así tituló Alejandro Gaviria, artículo de prensa del que vale la pena reproducir sus apartes principales:

"A pesar de las peculiaridades locales, la acción (la comedia, podría uno decir) es siempre la misma. El Ministro de Protección Social reparte auxilios en efectivo para los ancianos indigentes y subsidios de salud para la población sisbenizada. La Ministra de Ambiente y Vivienda entrega subsidios familiares a unos cuantos afortunados. El Viceministro de Industria y Comercio hace lo propio con los microcréditos. El Presidente entrega cheques a las madres beneficiarias del programa Familias en Acción y el Ministro de Agricultura, títulos de propiedad a los favorecidos por los programas de reforma agraria. Al final, todo concluye con una ovación para la caravana de reyes magos: una romería que trabaja todo el año y va a todas partes.

"Los programas mencionados, que en conjunto conforman el eje del Estado asistencialista, tienen coberturas limitadas, en la mayoría de los casos inferiores al 30% de la población elegible. Como no todos los posibles beneficiarios reciben subsidios y como ninguno de los programas constituye un derecho adquirido, los réditos políticos para quien entrega los auxilios son inmensos. De allí la importancia política de los consejos comunitarios. Si todas la familias de estratos uno y dos fueran acreedoras a un subsidio de vivienda, como ocurre con los subsidios de servicios públicos, o si todos los ancianos tuvieran derecho a una pensión de subsistencia, como ocurre en Bolivia, el ejecutivo trashumante perdería su aureola del señor dadivoso. Pero, en Colombia, los elegidos superan con creces los elegibles. Y, por lo tanto, los incentivos políticos para hacer de cada entrega de subsidios un espectáculo televisado, son inmensos.

"Más allá de las consideraciones políticas, el modelo actual tiene el inconveniente de haber convertido buena parte de la política social en una colección de programas dispersos con coberturas limitadas. Bien valdría la pena eliminar mucha de la dispersión existente y concentrar los esfuerzos en un solo objetivo: la cobertura universal en salud, por ejemplo. Pero la nueva lógica política creada por la reelección apunta en la dirección contraria: hacia más programitas y más espectáculo. Pues la triste verdad de todo esto es que la repartición de almojábanas maximiza los votos. Y los votos son los que mandan en la nueva realidad institucional del país".

En la historia del país nunca se había tenido un presupuesto que multiplicara por tres y más los índices de inflación y crecimiento económico del año anterior. La causa principal de ese desbordado crecimiento del presupuesto aprobado para el 2005, en relación con el ejecutado para el 2004, es la reelección: el Presidente y su Gobierno tienen que hacer la campaña atendiendo, hasta donde puedan, los requerimientos de las diferentes regiones y sectores de opinión.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF- comentó así el citado presupuesto , antes de que fuera aprobado por el Congreso: "De la lectura de la exposición de motivos y del análisis frío de los números se desprende una conclusión: el objetivo de hacer un ajuste radical en la finanzas públicas ha desaparecido de las prioridades del Gobierno…Se asume que si el Gobierno tiene especial interés en financiar la seguridad, por ejemplo, debe sacrificar aumentos en otras áreas de la inversión pública. No hay tal. Como si no hubiera restricción presupuestal, tenemos aumentos reales en defensa y seguridad, pero también en educación, en infraestructura, en fomento y regulación del desarrollo económico, en vivienda y en espacio público y en recreación, deporte y cultura. Casi todo es prioritario, menos el ajuste fiscal".

Comentario parecido hizo la cotizada Revista The Economixt cuando analizó el pecio de la reelección: "Las muy necesitadas reformas fiscales puedan quedar relegadas ante los afanes reeleccionistas. Sin ellas, algunos inversionistas empiezan a preguntarse cómo hará Colombia para pagar sus deudas".

Los faltantes del presupuesto se cubrirán con nuevas reformas tributarias y más endeudamiento interno y externo. Por eso la deuda pública de la Nación seguirá valiendo mas del 50% del producto interno bruto y su servicio costará mas de lo que valen las transferencias territoriales, que son las que el Estado central hace a departamentos y municipios para salud y educación públicas.

Como las incrementadas asignaciones presupuestales no alcanzan para solucionar tantas necesidades básicas insatisfechas, se cita a los empresarios a la Casa de Nariño y se les pide (¿ordena?) financiar programas de vivienda popular que sus beneficiarios sabrán agradecer electoralmente a los funcionarios que los administren.

Las políticas macroeconómicas también están vinculadas a la reelección. Es lo que han establecido los estudiosos de estos temas.

"El profesor Alesina ha mostrado que el gasto público en países donde existe la reelección inmediata aumenta durante el año electoral. De igual forma, el profesor Rogoff de Harvard ha mostrado que en países donde el Banco Central no es independiente, tiende a relajarse la política monetaria en años electorales para generar un aumento del empleo y favorecer la reelección. Por eso, paradójicamente, jefes de gobierno muy poderosos que tienen la oportunidad de reelegirse pueden terminar siendo más miopes y cortoplacistas que los que no tienen esa opción

"Desde 1968, la gobernabilidad en Colombia se ha construido alrededor de un Presidente fuerte con amplios poderes fiscales y control sobre la agenda económica. Si bien esta concentración del poder, la mayor de Presidente alguno en América Latina, no ha logrado dar coherencia a la política fiscal , el país ha tenido una tradición de hacer los ajustes económicos antes de llegar a situaciones de crisis. Una revisión cuidadosa del proceso de adiciones y recortes fiscales de los últimos 20 años permite ver que los Presidentes colombianos tienden a incrementar el gasto al principio de sus gobiernos pero al final hacen los ajustes fiscales porque carecen del incentivo de la reelección.

"La Constitución de 1991 debilitó a los Presidentes al hacer autónomos al Banco de la Republica y a la CNTV e imponer mayores controles a los estados de excepción y de emergencia económica. Sin embargo, estas instituciones no están blindadas contra presidentes de ocho años. Si el país opta por la reelección es necesario hacer más independiente al Banco de la República y la CNTV, empezando porque el Presidente no pueda cambiar dos de los miembros de sus Juntas cada cuatro años y que los nominados sean confirmados por el Congreso." (Jaime Andrés Niño)

Otro analista de estos temas ha escrito en términos comparables :

" Una de las tesis más conocidas, examinada por autores como Fair y Tuft, es aquella que sostiene que los mandatarios que buscan la reelección realizan acciones económicas que favorecen sus aspiraciones…Si bien la econometría no le da apoyo al ciclo económico de la política (los gobernantes, antes de elecciones, inducen expansión de la economía y el empleo con la esperanza de que los electores agradecidos voten por ellos), en varios países si se ha encontrado fuerte evidencia de un ciclo presupuestal de la política, es decir, de un aumento del gasto o de una reducción de los recaudos tributarios antes de las elecciones. Al respecto, en un trabajo reciente, Brendery y Drazen encuentran que en las llamadas nuevas democracias, o sea en 36 países con sistemas democráticos jóvenes, sin instituciones fuertes, sin suficientes checks and balances, sube el déficit en forma considerable en la época electoral. Por el contrario en los países más desarrollados, con democracias más maduras, este fenómeno es prácticamente inexistente… Ahora que el país parece decidido a introducir la figura de la reelección presidencial, es importante que los congresistas analicen con gran detenimiento las experiencias y los estudios de otras latitudes, para adecuar nuestras instituciones a las nuevas circunstancias, pensando, por supuesto, no sólo en la próxima elección, sino también en el fortalecimiento de la democracia y de la hacienda pública en el largo plazo, ojalá en forma independiente de las distintas opciones políticas. Al respecto, ya se cuenta, por fortuna, con un banco central autónomo, que puede asegurar que la oferta monetaria no se manejará en forma oportunista, con criterios de corto plazo; por otra parte el país ha contraído compromisos internacionales que podrían poner cortapisas a la generación de un agudo ciclo presupuestal de origen electoral" (Armando Montenegro)

Como se anotará a continuación, en vez de hacer mas independiente el Banco de la República, la reelección acaba con la autonomía de su Junta Directiva.

Uno de los grandes logros de la Carta del 91 es la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República, entidad que, como se sabe, es la máxima "autoridad monetaria, cambiaría y crediticia" del país. Recuérdese también que las operaciones que financien el gobierno requieren la aprobación unánime de dicha Junta.

Con el propósito de fortalecer esa autonomía, la Constitución y la ley disponen que la designación y renovación de sus miembros, por parte del gobierno, se haga parcialmente. Así se garantiza que ningún Presidente, durante los cuatro años de su período, nombre todos los miembros de la Junta y se evita que el Banco sea un instrumento más de las políticas económicas del gobierno.

La reelección asegura todo lo contrario: que Presidentes de 8 años designen la totalidad de los miembros de la Junta. Por esa vía, también nombrará al Gerente del Banco. El Gobierno contará con la Junta. Le será fácil conseguir que sus políticas sean las del Banco. No tendrá que presionarla, que es lo que hasta ahora ha hecho sin lograr convencerla, según lo revelaron recientemente dos ex –miembros de ella. Lástima que esas revelaciones no las hubieran hecho mientras formaron parte de la Junta.

Como el Fiscal General de la Nación es designado para períodos de 4 años de terna que elabora el Gobierno, y el Presidente en funciones integrará las correspondientes a los años 2005 y 2009. A los dos Fiscales que en los años citados se nombren, corresponderá investigar los altos funcionarios de los dos Gobiernos Uribe.

Otro tanto ocurre con el Procurador General que es designado por el Senado de terna que integran el Presidente, la Corte Suprema y el Concejo de Estado. Álvaro Uribe concurrió a la integración de la terna en el 2004 y lo hará en el 2008.

En razón de lo dicho es que Carlos Caballero Argáez, que fue miembro de la Junta Directiva del Banco Emisor, anota que la reelección tiene "consecuencias institucionales que se han pasado por alto, entre ellas, el mayor poder del ejecutivo frente a entidades independientes, cuyos directivos tienen un período fijo de cuatro años. Es el caso de la Junta Directiva del Banco de la República o de la Fiscalía General de la Nación, para no mencionar otros…lo cual va en contra de los contrapesos y la independencia de las instituciones. Corregir esta situación implicaría reformar la Constitución, lo que ya en esta ocasión no se hizo y quién sabe si exista el ánimo futuro para hacerlo. Los inversionistas nacionales y extranjeros no deberían ver con buenos ojos este cambio de las reglas de juego"

Ni los inversionistas ni los analistas a los que ellos acuden ven bien las consecuencias de la nueva figura :"Con la reforma política para aprobar la reelección, Colombia se convierte en un país menos atractivo. Contrario a lo que la opinión general podría creer, el hecho de que el altamente popular Presidente Uribe pudiera resultar reelecto, no es una garantía para atraer a los mercados mundiales" ( Juan F. Muñoz).

El acto legislativo 02 de 2004 permite que los funcionarios públicos hagan política. Sin embargo, tuvo el buen cuidado de repetir que la fuerza pública no es deliberante y que sus miembros no podrán "intervenir" en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

En Colombia siempre se ha considerado que la paz, la convivencia ciudadana y la preservación del Estado de derecho exigen la imparcialidad de las fuerzas armadas, razón por la que se les prohíbe participar de modo alguno en política. Así se evita que pongan el ejercicio de sus atribuciones y los instrumentos de que disponen -nada menos que las armas– al servicio de ninguna causa electoral. A sus miembros ni siquiera se les concede el derecho al voto.

El acto legislativo 02 conserva el principio porque lo considera esencial para el mantenimiento de la estabilidad institucional del país. Sin embargo, le abre un boquete o tronera porque permite que el Presidente participe en las actividades que su partido o movimiento político adelante para la escogencia de su candidato a la Jefatura del Estado y luego, en la campaña electoral que decidirá si ese mismo Presidente continua en el poder o no, en campaña que para él define su vida o muerte política.

Quienes redactaron ese acto legislativo olvidaron que por Constitución al Presidente corresponde "dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas de la República", "dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente" y "declarar la guerra con permiso del Senado o hacerlo sin tal autorización". Ese pequeño olvido hizo que aprobarán un texto que desarticula y desequilibra todo el régimen constitucional de la fuerza pública y le introduce, por la puerta de atrás, el virus de la política. Todo ello sin ninguna garantía ni control que evite poner los efectivos, cada día mayores, de las fuerzas armadas al servicio de los intereses político-electorales del Presidente- candidato.

Lo anotado hasta ahora no quiere decir que el tema de la reelección fuera prohibido y no pudiera tratarse. Podía plantearse si, a través suyo, se perseguían propósitos políticos claros y se tramitaba con la reflexión que el asunto merece: mejorar el sistema democrático, garantizar gobernabilidad y asegurar la continuidad que no se pueda conseguir por otros medios de las políticas y programas cuya ejecución demanda tiempo superior al de un período presidencial.

La propuesta reelectoral nunca tuvo ese enfoque. Trató el tema como pieza suelta dentro del ordenamiento institucional. Predominaron la coyuntura y la "ecuación personal". Pensó únicamente en la próxima elección, la del 2006. Lo que ocurra después, no interesó a los autores de la iniciativa. Seguramente pensaron que más adelante tendrían tiempo para analizarlo.

No se consideró la reelección como punto de partida de la gran reforma política que la Nación requiere. No se concibió como pieza –maestra de esa reforma. La iniciativa que tramitaron las Cámaras era pobre. Tenía una visión recortada del futuro político del país. Olvidó que el ordenamiento institucional de los sistemas democráticos es y debe ser integral, compacto y coherente.

Si se quería tratar el tema, había que darle otro enfoque, que tampoco podía ser el de reemplazar el régimen presidencial por uno parlamentario, que apareció como "sutil torpedo a la continuidad uribista" (El Tiempo). Tampoco se podía prorrogar el período en curso. Era necesario despersonalizar el tema y proponer fórmulas distintas.

El régimen parlamentario no es solución.

López Michelsen lo ha defendido en varias escenarios: "Colombia es víctima del sistema presidencial... el exceso de poderes con que cuenta el Jefe del Estado está asfixiando al país... la meritocracia tampoco se aplica al servicio diplomático... (lo que conviene) es nombrar un Presidente anodino como el de Francia o Alemania, que son como Reyes sin Corona, y un primer ministro, con todo el poder político, que cuente con el respaldo del Parlamento y pueda ser reelegido no una, sino veinte veces... de la constitución del Parlamento surgiría, para ser designado por el Presidente de la República, el jefe del gobierno, con el carácter de primer ministro... Es un hecho la impopularidad de la reelección en el futuro inmediato... Cuenten conmigo los amigos de que siga Uribe pero no por la vía que han escogido de modificar las reglas de juego, apegándose al tema de la sucesión presidencial, sino como Primer Ministro, que durará cuanto dure su popularidad, que puede renovarla convocando a elecciones o produciendo una crisis ministerial, pero todo esto siempre sería dentro de las instituciones parlamentarias existentes para entonces, sin cambiar las reglas del juego en la mitad del camino". (subrayas fuera de texto)

En contra de lo que piensa el ex –Presidente, en Colombia el régimen parlamentario perpetuaría en el poder un partido o una coalición de partidos, y, en el extremo opuesto, generaría permanente inestabilidad gubernamental. Para probarlo conviene recordar:

1) Que la esencia del régimen propuesto radica en la posibilidad que tiene el parlamento de tumbar el gobierno mediante la llamada moción de censura, y, como contrapartida, la facultad que se le concede al gobierno para disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones, o sea revocar el mandato de los parlamentarios y convocar elecciones anticipadas. A veces, sin que se haya aprobado la moción de censura, el gobierno disuelve el parlamento porque considera que el momento le es favorable y cree que nuevas elecciones le permitirán consolidar y ampliar sus mayorías.

2) Que el mejor funcionamiento del régimen parlamentario exige la presencia de dos partidos disciplinados, que recojan la voluntad política ampliamente mayoritaria de la opinión y consigan que sus elegidos se comporten como bancada. Laboristas y conservadores en el Reino Unido, socialistas y populares en España, socialistas y demócratas cristianos en Alemania.

Uno de esos dos partidos gana las elecciones, elige la mayoría de los miembros del parlamento y escoge como primer ministro a su jefe. El gobierno ejerce el poder mientras cuente con el respaldo de las mayorías parlamentarias. Si no obtiene la mayoría absoluta, consigue el apoyo de uno o varios partidos pequeños, que hacen las veces de partidos-bisagra o partidos-báscula. Con los votos de éste o éstos, completa la mayoría que requiere para gobernar.

3) Que la estabilidad gubernamental es producto de la disciplina con que voten los parlamentarios a favor del gobierno que actúa a nombre suyo. Por ello prácticamente nunca aprueban una moción de censura. Aunque pueden hacerlo en cualquier momento, no lo hacen porque se caería el gobierno que respaldan. La aprueban y el gobierno se cae cuando su partido está en crisis, se ha dividido y no logra que sus parlamentarios voten disciplinadamente. Lo mismo ocurre con la disolución del parlamento: sólo excepcionalmente se decreta. La moción de censura y la convocatoria a nuevas elecciones hacen las veces de armas disuasivas que sirven a los dos poderes para "amenazarse" mutuamente (para hacerse pasito).

4) Que los parlamentos sólo tumban el gobierno cuando el partido que lo apoyaba no logra superar sus dificultades internas y decide "suicidarse" políticamente. Los gobiernos se caen porque se desgastan y desprestigian por sus equivocaciones, o porque el simple paso del tiempo les hace perder el respaldo mayoritario de la ciudadanía y no logran repetir en las urnas las mayorías con que contaban.

5) Que quien escoge el primer ministro y decide la conformación del gobierno es el ciudadano con su voto. El parlamento simplemente recoge la voluntad popular expresada el día de las elecciones, la protocoliza y la convierte en actos suyos. El poder real está en manos de los electores. Esa la razón para que Burdeau sostenga que en el régimen parlamentario, un partido gobierna; el otro, controla y hace oposición; y el pueblo, arbitra las diferencias que hay entre esos dos partidos.

Lo anterior explica por qué los gobiernos, en los regímenes parlamentarios, son gobiernos de período fijo. Gobiernos de legislatura se dice. El pueblo los escoge en las urnas y ejercen el poder por el período constitucional para el cual se elige el parlamento (generalmente 5 años). Durante ese lapso ni el parlamento los tumba ni el jefe de Estado decreta la disolución. En las próximas elecciones, que tienen lugar al vencimiento de dicho período, el pueblo, en las urnas, reelige el gobierno, o cambia la mayoría parlamentaría, lo que da lugar a la conformación de un nuevo gobierno.

Sólo muy excepcionalmente el gobierno dura menos tiempo. Para que así suceda se necesita que el parlamento apruebe una moción de censura, lo cual no está dispuesto a hacer, a menos que haya una gran crisis política. A veces, inclusive, la aprueba pero no para cambiar el gobierno sino para conseguir que se hagan ajustes en la composición del gabinete. Se van unos ministros y llegan otros que representan tendencias distintas en el partido mayoritario o partidos nuevos que entran a hacer parte de la coalición gobernante.

Así como el parlamento no aprueba la moción de censura, el ejecutivo tampoco decreta la disolución. A veces disuelve, sin tener necesidad de hacerlo, porque no ha sido censurado, pero cree, sin embargo, que le convienen nuevas elecciones. Espera ampliar sus mayorías y empezar un nuevo período de 5 años. Confía, por ejemplo, en las encuestas y precipita las elecciones. Fue lo que hizo Chirac en 1.997. A pesar de que tenía mayorías en la Asamblea Nacional elegida dos años antes y el primer ministro era de su partido, jugó a ganar y a contar con gabinete amigo por 5 años mas. Contra todos los pronósticos, perdió con Jospín, y, por eso, tuvo que "cohabitar" con los socialistas durante el período 1997- 2002.

Cuando en vez de bipartidismo, hay multipartidismo, y la disciplina de partido es laxa, el régimen parlamentario produce inestabilidad gubernamental y desorden político. Fue lo que ocurrió en Francia durante la Tercera y Cuarta Repúblicas. Entre 1871 y 1940, es decir durante 70 años, hubo 107 gobiernos distintos. Y más de 20 entre 1946 y 1958. Y entre 1962 –año en que empezó a elegirse popularmente el Presidente de la República- y 1992, hubo 23 gobiernos. Así ha ocurrido porque no hay todavía un bipartidismo sólido. El sistema lo sostienen dos grandes coaliciones. Una de derecha y otra de izquierda. Claro que algunos de estos 23 gobiernos tan sólo se constituyeron para introducir cambios en la nómina ministerial, a consecuencia de decisiones políticas en las que no intervino el parlamento.

Italia también es ejemplo de inestabilidad gubernamental en razón del multipartidismo que caracteriza su vida política. Entre 1946 -año en el que se fundó la República- y 2004 ha tenido 59 gobiernos. En promedio, uno al año. Hubo uno, en 1972, que duró 10 días. El de Berlusconi, que cumple ahora cuatro años, es hasta ahora el de mayor duración. Cuando la Democracia Cristiana era mayoritaria gobernaba sola y el gobierno cambiaba por la lucha que en su interior libraban las tendencias y corrientes en que se dividía. Otras veces gobernaba en coalición con pequeños partidos que, con la misma facilidad con que concurrían a la formación de un nuevo gobierno, lo tumbaban si no se atendían sus exigencias.

En Colombia no existen las condiciones políticas que permitan organizar moderno y eficiente régimen parlamentario. Sus consecuencias serían contrarias a las que con él se persiguen por sus promotores (continuidad y estabilidad gubernamentales, modernización política, oposición organizada).

El bipartidismo desapareció. La realidad colombiana es multipartidista. No lograrán sobrevivir las 70 organizaciones que hoy tienen personería jurídica, pero, sí, por lo menos, mas de cinco. La disciplina política tampoco existe ni se conseguirá mediante reforma constitucional. Como los congresistas definen la línea política que los partidos deben seguir, porque son sus "dueños", serán senadores y representantes, actuando como instancia superior del partido, quienes decidan cómo debe votar la bancada de que hacen parte. En ningún caso los parlamentarios desconocerán las directrices del partido; ellos mismos habrán decidido cómo debe votarse en cada caso.

Los instrumentos que tiene el gobierno para "convencer" a los parlamentarios seguirán siendo los mismos de hoy aunque el régimen se vuelva parlamentario. No perderán la eficacia y el poder de persuasión que siempre han tenido. Por esa elemental razón el Congreso nunca ha aprobado una sola moción de censura, aunque la Carta del 91 le permite hacerlo en relación con los ministros. Apenas lo ha intentado en algunas ocasiones.

López Pumarejo en 1937 y Lleras Restrepo en 1968 renunciaron a la Presidencia porque el Congreso, en el primer caso, no tramitaba proyectos de ley que interesaban al gobierno, y, en el segundo, no aprobaba artículos de la reforma constitucional que el Ejecutivo consideraba importantes. La "presión política" ejercida por la renuncia surtió los efectos que con ella se habían buscado: las Cámaras aprobaron los proyectos de ley y los artículos de reforma constitucional que el Gobierno quería.

Que el gobierno pueda disolver el parlamento y convocar a elecciones es instrumento que le permitiría al ejecutivo "someter" el Congreso, conseguir la aprobación de todas sus iniciativas y evitar incómodos debates de control político. La simple amenaza de que se puedan adelantar las elecciones será suficiente para que senadores y representantes se "aconducten". Ninguno querrá "hacerse contar" antes de tiempo. Preferirán "comportarse" antes que incurrir en los gastos y correr los riesgos propios de toda campaña.

Uribe fue elegido después de ofrecer que revocaría el mandato de los congresistas y convocaría a nuevas elecciones. Nunca lo hizo pero la mera posibilidad de que así sucediera, fue suficiente para que el Congreso del 2002 aprobara las reformas tributaria, pensional y laboral que le interesaban al Presidente, así como la ley que lo autorizó para reestructurar la administración.

Al gobierno le interesará que en las elecciones parlamentarias triunfen las mayorías (partido o coalición) que lo apoyan. Se empleará a fondo para lograrlo. Una vez que esas mayorías regresen al Capitolio, "reelegirán" al primer ministro que les ayudó a renovar su credencial. Esa "reelección"se producirá cuantas veces el ejecutivo quiera que suceda, aunque las mayorías gubernamentales hayan sido derrotadas en las urnas. A las nuevas mayorías les quedará fácil "acomodarse". De la nueva alianza harán parte muchos de los que integraron la anterior. Los cambios serán pocos.

En la forma anotada se desconocerá el resultado de las urnas que en el régimen parlamentario son las que cambian el gobierno. En Colombia, aunque el gobierno pierda las elecciones, puede seguir siendo gobierno. Nada garantizará que se forme uno nuevo. El Congreso bien puede decidir que continúe el que venía, o que se le hagan cambios menores. Tan sólo los que se necesiten para "armar" coalición distinta, o la anterior "recompuesta".

Si se quiere trabajar con la hipótesis contraria -el Congreso será el centro del poder político y no se dejará presionar ni manosear por el gobierno- los resultados del régimen parlamentario también serían funestos: cada vez que el partido de gobierno, o una de las fuerzas que haga parte de la coalición mayoritaria, encuentre que no se satisfacen debidamente sus pretensiones, tumbará el gobierno, para lo cual le bastará con aprobar la correspondiente moción de censura.

Si estos terminan siendo los desarrollos del nuevo régimen, a los parlamentarios les quedará muy fácil conformar un verdadero PRI, es decir un partido que concentre en sus manos la vida política del país, la monopolice, oriente y defina. Hará las veces de tal un partido claramente mayoritario o la sólida coalición que lidere una persona o una organización.

Ese nuevo PRI mandaría en el país como manda el Concejo de Cartagena en la ciudad amurallada. En La Heroica se dice que gobierna "el partido de los concejales". Lo conforman quienes tienen curul, sin consideración al partido o movimiento del que, formalmente, puedan hacer parte.

Lo anterior explica porqué nunca se ha aprobado en el país el régimen parlamentario, aunque varias veces se ha propuesto. Siempre ha sido claro que las instituciones no pueden ir en contravía del temperamento y la manera de ser de la Nación, de su realidad política.

También se propuso prorrogar dos años el período del Presidente Uribe, en vez de autorizar la reelección. La iniciativa no prosperó por las mismas razones políticas por las que no fue viable la prórroga que en ocasiones anteriores se recomendó para el período de alcaldes y gobernadores. Tampoco era posible hacerlo porque la Corte Constitucional tumbó la pregunta del referendo que prorrogaba el período de las autoridades departamentales y municipales. Las consideraciones de la Corte fueron de este tenor:

- "... este tipo de preguntas ... no someten a consideración del pueblo una norma abstracta e impersonal, que es lo propio de las reglas constitucionales, sino que constituyen actos electorales específicos, pues amplían o reducen el período de un grupo particular de gobernantes... ese tipo de preguntas no pretende estructurar un régimen parlamentario que hacia el futuro permita adelantar elecciones... tampoco plantean un mecanismo de revocatoria del mandato... están destinadas a recortar o alargar el período de un Congreso o de unos mandatarios que fueron electos para un término determinado...

- "...la revocatoria del mandato... o su prolongación no pueden hacerse por medio de referendo sin que previamente haya sido modificado el régimen constitucional que rige la relación entre los ciudadanos y los elegidos y sus períodos...

- "...las anteriores prohibiciones de que la Carta sea modificada por medio de actos electorales o plebiscitarios, no son elemento tangencial del régimen constitucional... sino desarrollo básico de la idea misma de Estado de derecho y de régimen constitucional. La aspiración de un régimen de este tipo es instaurar un gobierno de leyes y no de personas, a fin de proscribir la arbitrariedad. Esto supone que la sociedad y los gobernantes se sometan a reglas adoptadas por procedimientos democráticos... es de la esencia de una regla o de una norma tener una pretensión mínima de universabilidad... para tener la naturaleza de regla, ella debe regular de la misma manera todas las situaciones concretas y precisas, esto es, debe ser universal pues se aplica a todos los casos iguales. Una regla no puede ser puramente ad hoc..."

- "...la revocación o ampliación del período de funcionarios electos para un lapso determinado, sin que exista un procedimiento reglado para tal efecto, es contraria a la idea más elemental de Estado de derecho y de constitucionalismo...".

La reforma política que requiere el país exige ir mucho mas allá de lo que decidieron los amigos del Presidente: derogar la norma que prohibía la reelección. Exige que se garanticen la legitimidad y la gobernabilidad de todo el sistema, y no tan sólo la continuidad de programas y proyectos, que es apenas un capítulo de la gobernabilidad y que se puede y debe garantizar a través de mecanismos diferentes a la reelección. Esa gran reforma debe relegitimar el sistema y asegurar su gobernabilidad. En buena medida la ofreció el Presidente durante la campaña pero la dejó entre el tintero y prefirió darle prioridad a la reelección.

Mientras esa reforma de fondo volvía a ser prioritaria los temas relacionados con la duración del período presidencial y la reelección podían tratarse, pero había que hacerlo con responsabilidad y seriedad. Convenía a todos evitar los estropicios políticos e institucionales de la reelección inmediata.

Dentro de esa óptica debían estudiarse propuestas distintas. Por ejemplo, ampliar el período del Presidente y el Congreso a 5 años, autorizar la reelección con intermisión de por lo menos un período y permitir la aspiración de quien se retire del cargo un año antes de las elecciones.

No se puede menos que estar de acuerdo con lo que afirmaron los ponentes de la iniciativa en el Senado: "Es claro que si la duración de la Presidencia fuera más prolongada, una reelección resultaría en realidad innecesaria". Por ello, y por las múltiples razones aquí expuestas, en vez de autorizar la reelección, lo que convenía era ampliar a cinco años "la duración" tanto de la Presidencia como del Congreso.

La reelección, en la práctica, establece un período de ocho años. ¿Qué conviene más al país y a su sistema político: períodos de 8 o de 5 años? Sin duda, los segundos. Garantizan mejor la alternación, el relevo y la rotación en el poder de partidos y personas, valores esenciales de toda organización democrática, sobre todo en sociedades que cambian acelerada y vertiginosamente como la colombiana.

Esa ampliación se ha propuesto en varias ocasiones. En la Constituyente del 91 se aprobó en primer debate. No tuvo la votación calificada que requería en plenaria. Ahora la oportunidad era propicia para decidirlo porque en ello coincidían amigos y enemigos de la reelección propuesta.

Período de 5 años es el que más se utiliza tanto en regímenes parlamentarios como presidenciales. Períodos mayores son difíciles de encontrar porque se considera que por lo menos cada 5 años el pueblo debe pronunciarse sobre las políticas que se están ejecutando y decidir si las conserva u ordena otras que, a su juicio, se ajusten a los cambios intervenidos en la sociedad. Francia tenía período de 7 años pero lo redujo a 5 desde el año 2000.

En América Latina el período de 4 años es el que más se aplica. Sólo 3 países tienen establecido uno de 6 años. En los últimos tiempos algunos lo han recortado de 6 a 5 o a 4, o de 5 a 4. Argentina lo redujo de 6 a 4 y Chile está haciendo lo mismo. Sólo dos lo ampliaron de 4 a 5 o 6 años. El último de estos casos es el de Venezuela, que lo hizo a iniciativa del Coronel Chávez.

El nuevo período de 5 años sólo debe regir para quienes sean elegidos después de aprobada la reforma. Esa la razón para que se hable de ampliación de nuevos períodos y no de prórroga de los que estén en curso. La Corte Constitucional rechazó, como se dijo antes, la prórroga de períodos que el referendo pretendía hacer del que había sido otorgado por el pueblo a gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.

Esa ampliación hubiera regido, entonces, a partir del 2006 o del 2010. En esta ultima hipótesis, la iniciación de cada quinquenio coincidiría con el comienzo de cada uno de los lustros del siglo veintiuno. Además, empezaría a aplicarse cuando se cumplan 100 años de la afortunada reforma de 1910.

La reelección "con intermisión", como se decía en las Constituciones del siglo diecinueve, no tiene los inconvenientes y problemas que genera la inmediata. Fundamentalmente porque no es lo mismo hacerse reelegir sin solución de continuidad, con el aura del poder, mientras se ocupa el Solio de Bolívar, que intentarlo cuando se ha dejado el gobierno y han pasado uno o dos períodos presidenciales, cuando se han evaporado las glorias del poder. El clima y el ambiente políticos son bien distintos. El estado de ánimo de la opinión, igualmente, porque puede decidir con mayor libertad, sin los condicionamientos creados por las situaciones que deliberadamente se hayan creado desde el poder. Puede decidir sin presiones de ninguna clase y con mayores elementos de juicio.

Con reelección inmediata, en el país no se habría producido la renovación política que ha tenido lugar en los últimos tres lustros y que, para estos efectos, está representada en la elección sucesiva de cuatro presidentes menores de 50 años (Gaviría, Samper, Pastrana, Uribe).

La norma del 86 que exigía al aspirante retirarse del cargo 18 meses antes de las elecciones aseguraba que no se pusieran "al servicio de la reelección las influencias y el prestigio del puesto". Los Delegatarios buscaron "evitar (que el Presidente) haga del puesto un agente de la reelección". Tuvieron claro que las trabas se establecían "precisamente porque se teme que abuse".

Esas razones siguen siendo válidas. Ahora tienen más peso que en 1886 porque hoy el poder del ejecutivo es mucho mayor que hace 120 años y la capacidad de coacción y manipulación, por parte de los funcionarios, más refinada, y, por tanto, de mayor eficacia.

Por ello, si se amplía el período a 5 años bien podría establecerse que quien quiera la reelección debe retirarse de la Presidencia un año antes de las elecciones. Habrá tenido 4 para probar qué clase de gobernante es. Adelantará la campaña sin las ventajas que el poder confiere. En principio, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Tendrá que hacer acopio de su talento político y no de los "eficaces" instrumentos gubernamentales de que dispone quien ejerce el mando.