III

En el capítulo anterior se comentaron las precauciones que el Congreso tomó para "blindar" la reelección, para garantizar equilibrio e igualdad entre los aspirantes a la Presidencia. A juicio suyo, ese gran propósito lo consiguió mediante la relación que hizo de los temas y materias que las mismas Cámaras deben tratar cuando expidan la ley reglamentaria que se les ordena dictar.

Olvidó el Congreso, deliberadamente, que un verdadero contrapeso democrático a su relación sólo se estructuraba con la revisión a fondo y reforma de buena parte del ordenamiento político-institucional porque la reelección, como se dijo, cambia el sistema político y la forma de gobierno.

Por ello, si se quería que no produjera los graves problemas políticos e institucionales que históricamente ha producido, era necesario poner a todos los aspirantes en por lo menos relativas condiciones de igualdad. Sólo así era posible decir, válidamente, que todos o algunos de entre ellos tenían la misma opción y las mismas posibilidades.

Para lograrlo era indispensable que se aprobaran reformas tan audaces como la reelección misma. Son varios los ejemplos de este tipo de reformas que se pueden citar. Para empezar, debería establecerse que el candidato a la reelección sólo triunfe si obtiene el umbral que la Constitución establezca y prohibirle hacer campaña.

Las dos propuestas parecen heréticas. Seguramente lo son. Pero se explican y justifican porque entre el candidato oficial y los demás aspirantes hay tales diferencias, desde antes incluso de que empiece la campaña, que para colocarlos al mismo nivel es necesario adoptar medidas extremas. El Presidente, por el simple hecho de serlo, tiene una posición dominante en el escenario político y grandes ventajas comparativas para la campaña.

Disponer que en las votaciones en las que alguien pretenda reelegirse se requiere la presencia en las urnas de un porcentaje mínimo de ciudadanos, que el candidato a la reelección obtenga para triunfar una mayoría calificada, o una votación superior en determinado número de puntos a la del segundo aspirante, no es disparate sino previsión que obedece al propósito de asegurar que cuando esté de por medio la reelección, la ciudadanía debe participar mas o menos masivamente y, de manera contundente, expresar su voluntad política.

Recuérdese que varias de las Constituciones provinciales autorizaron la reelección y establecieron, sabiamente, que para ganarla era necesario obtener las tres cuartas partes de los votos del respectivo colegio electoral. Así lo dispusieron las de Cartagena de Indias (1812) y Mariquita (1815).

Las consideraciones anotadas y el antecedente citado permiten decir que la reelección inmediata ha debido acompañarse de disposición expresa: el candidato- presidente sólo es reelegido si en las votaciones participó, v.gr, el cincuenta por ciento del censo electoral; si en la primera vuelta obtuvo a su favor, por ejemplo, el sesenta por ciento de los votos depositados en las urnas; o si aventajó al segundo en votación por no menos de diez puntos. Normas comparables a esas se exigen en varios países aunque no esté de por medio la reelección.

Para oponerse al umbral propuesto no puede contraargumentarse diciendo que el censo electoral está inflado, tal como lo probó la votación del referendo, porque el Gobierno, el Congreso y la Registraduria han dicho repetidamente que están tomando las medidas que permitan superar tan anómala situación.

Sostienen los reeleccionistas que se debe permitir al pueblo decidir en las urnas si aprueba y premia con un nuevo período la gestión cumplida. O si la rechaza y castiga políticamente, mediante la derrota que le propine a quien pretenda la reelección. Para hacer ese pronunciamiento el ciudadano cuenta con información suficiente. Tiene en su poder todos los elementos de juicio que requiere. Sabe quien es el Presidente- candidato. Lo ha visto, oído y leído en todos los medios de comunicación durante 4 años por lo menos. Conoce, igualmente, la gestión que ha cumplido. A través de hechos y omisiones que no han pasado en silencio, se ha podido formar su propia idea sobre el gobierno que ha regido los destinos nacionales durante los últimos años.

¿Cuál es la necesidad, entonces, de suministrarle a la opinión desde la cima del poder una información adicional, proselitista y abiertamente electoral, necesariamente interesada, como es lo propio de toda campaña, y unos argumentos que seguramente buscarán manipularla y coaccionarla?.

Por ello convenía que el mismo acto que autoriza la reelección prohibiera al Presidente participar en actos partidistas y electorales. Hacer política y campaña a su favor. Que sólo se le concediera el derecho a postular su nombre y a inscribirse como candidato. Así la opinión podía decidir libremente sin ninguna presión oficial.

En el caso de Álvaro Uribe lo anterior es todavía mas cierto porque a su condición de jefe de gobierno se suman calidades personales, como lo advierte su escudero mayor, don Fabio Echeverri: "El Presidente gana hoy una carrera por la Presidencia sin necesidad de poner un afiche o ir a una manifestación. Aquí lo que falta es humildad de los contradictores para aceptar que les tocó correr frente a un superdotado".

Ya dijimos que se decidió permitirle hacer campaña durante 4 meses, no tanto porque el Presidente lo necesite, sino porque quienes aprobaron el acto legislativo 02 quieren tener al Presidente como jefe de debate de sus respectivas campañas a Senado y Cámara. La reelección del Presidente debe "arrastrar" la de sus amigos parlamentarios. Por lo menos es lo que éstos esperan. Por eso cada día lo acompañan mas a los consejos comunales. Saben bien que en ellos se reparten los favores del Estado, en forma de ofrecimientos y auxilios efectivos, particularmente a comunidades que mas tarde agradecerán electoralmente las ayudas recibidas.

A propósito de los llamados consejos comunales o comunitarios debe recordarse que constituyen pieza clave en la estrategia reeleccionista. Esa la razón para que los defiendan antes de que la opinión los cuestione por sus fines políticos:

"Dirán que los consejos comunitarios se deben suspender porque es hacer campaña. Se les olvida que en la Gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe recorría los municipios haciendo talleres con la comunidad, que el Manifiesto Democrático que definió el plan de gobierno en 100 puntos fue el resultado de talleres realizados en todo el país, y que con o sin reelección los Consejos Comunitarios son una herramienta de gobierno que el Presidente utiliza desde la primera semana que asumió la Presidencia….Dirán que la transmisión de los Consejos Comunitarios por televisión es darle prevalencia al Presidente sobre los demás candidatos… Pero digan lo que digan, tienen toda la razón cuando dicen que Álvaro Uribe es el Presidente-candidato. Así lo es y lo será con o sin reelección. El Presidente Uribe ha dicho que un gobierno que no está en campaña se duerme…, y lo ha dicho desde el 7 de agosto de 2.002" (Jaime Bermúdez Merizalde).

Lo que olvida el señor asesor presidencial de comunicaciones es que los antecedentes que cita –consejos comunales en Antioquia, el Manifiesto Democrático y los primeros años del Gobierno Uribe- se refieren a situaciones que tuvieron lugar antes de que se hablara de reelección y de que ésta fuera norma constitucional. Después de aprobada, los citados consejos tienen otro valor y alcance porque la reelección cambió la vida política del país y el desarrollo de las campañas.

El "articulito" que a juicio de algunos era suficiente para ordenar la reelección, en vez de agotar el tema, hace las veces de Caja de Pandora porque pone de presente las fallas y limitaciones del sistema político colombiano y plantea la conveniencia de introducirle las reformas que requiere, particularmente las que deben acompañarla si se quieren preservar y mejorar sus formas democráticas.

Está dicho pero no sobra insistir. Los grandes capítulos de la reforma política vuelven a estar sobre el tapete porque son la contrapartida inevitable de la reelección, si no se quiere que produzca los efectos que produjo en otras épocas.

Abandonar la reforma política y reemplazarla por la reelegibilidad del Presidente constituyó equivocación grave porque de esa manera se desequilibra todo el sistema, en la medida en que se fortalece el ejecutivo en perjuicio de los demás órganos y autoridades del Estado. También se debilita la precaria organización democrática que tenemos porque se desconocen, en la práctica, los derechos de quienes discrepen de las políticas oficiales y busquen convertirse en alternativa de poder.

La reelección tenía que acompañarse de un serio programa de reforma que mantuviera relativo equilibrio de poderes y contribuyera a relegitimar la política. Como pieza suelta del ordenamiento, tiene elevado costo político e institucional para el país. Cuando María Isabel Rueda preguntó -y de la reelección, ¿qué?- López Michelsen respondió con razón: "Sí se puede, pero no impunemente".

El Gobierno no habría tenido que acudir a los expedientes a que acudió para asegurar su aprobación (clientelismo y politiquería) si la reforma política ofrecida en la campaña se hubiese aprobado en el referendo o en acto legislativo posterior. Como nada de ello ocurrió, la reelección y la reforma política debían tramitarse y aprobarse paralelamente porque los dos temas tenían que armonizarse. No era fácil, pero tampoco imposible. Era el precio que debía pagarse por haber puesto la reforma política en el closet durante dos años.

A más de las citadas antes -umbral y candidato oficial sin campaña- otras tres grandes medidas han debido acompañar la reelección. Que no se hayan adoptado cuando más convenía hacerlo, no quiere decir que hayan desaparecido del escenario y el debate públicos, porque si la reelección inmediata no fracasa estrepitosamente y se hunde para siempre durante su primer ensayo, y se insiste en ella para mas tarde, es necesario que esas grandes decisiones se tomen antes

La primera tiene que ver con el reparto de competencias y recursos entre el poder central, que para estos efectos es el gobierno nacional, y los llamados gobiernos sub- nacionales, que son las entidades territoriales. Tal vez no sobre recordar que la reelección que a algunos tanto entusiasma y citan como ejemplo tiene lugar en países organizados como Estados federales o de una gran autonomía regional y local. Esta gran reforma es necesaria aunque no haya reelección. Álvaro Uribe la ofreció durante la campaña del 2.002

La segunda de esas decisiones se relacionan con el ejercicio por parte del Presidente en campaña de las atribuciones ordinarias y excepcionales que le Constitución y la ley le otorgan para que haga efectiva su múltiple condición de jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante de las fuerzas armadas. ¿Durante la campaña el Presidente- candidato puede hacer uso de ese cúmulo de funciones, o conviene limitar el ejercicio de algunas de ellas, con el fin de evitar que se utilicen con fines electorales?.

Y la tercera apunta a la necesidad de prevenir abusos y sancionar eficazmente los que, por desgracia, se cometan. Este último capítulo tiene importancia suma porque la manera como el gobierno ejerza sus atribuciones y acate las reglas de juego define la legitimidad del sistema político, es decir su validez en la conciencia de la opinión.

La organización de un nuevo modelo de ordenamiento territorial que interprete y exprese la realidad nacional y otorgue avanzado grado de autonomía a los municipios y las regiones que reemplacen los agotados departamentos, es requisito de la reelección.

La organización de ese nuevo modelo exige redistribuir territorialmente todo el poder del Estado, o sea todas sus atribuciones políticas, fiscales y administrativas, porque hasta ahora solo hemos repartido tímidamente algunas administrativas, como las relacionadas con la prestación de los servicios de salud y educación y los de carácter domiciliario, cuando es claro que también se debe entregar a las autoridades territoriales el manejo de parte de las funciones políticas y fiscales que hoy cumplen el Gobierno y el Congreso para todo el país.

Quienes citaban como ejemplo principal el caso de los Estados Unidos para pedir que se aprobara la reelección, nunca recordaron que allá el federalismo, como principio y como práctica, ha sido valor político inmodificable de su vida pública.

El Presidente Uribe durante la campaña dijo: "Un nuevo modelo de ordenamiento territorial será la base para la construcción del Estado Comunitario". No ha ocurrido así porque el tema también desapareció de la agenda oficial. Desapareció tanto que hoy nadie sabe quién responde por él. ¿El Ministerio del Interior?. ¿El de Vivienda y Ordenamiento Territorial?. ¿Planeación Nacional? ¿Minhacienda? Infortunadamente para el país ninguno de ellos.

No sobra agregar que las mismas razones que se invocaron para la reelección presidencial son válidas en el caso de alcaldes y gobernadores y que para éstos también ha debido autorizarse la posibilidad de un segundo mandato. En este caso con mayor razón porque los riesgos de que se abuse del poder son bastante menores, casi inexistentes, si se comparan con los que se corren a nivel nacional. Las atribuciones de las autoridades territoriales son meramente administrativas y, por ello, su capacidad de influencia y de presión sobre el electorado son bastante reducidas. Sin embargo, el acto legislativo 02 de 2004 no autoriza la reelección de alcaldes y gobernadores porque la única que interesaba era la del Presidente Uribe.

Debe decirse, también, que afortunadamente no la autorizó porque la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores sería inconveniente. No hay elementos de juicio que permitan saber con certeza cuáles serían sus efectos en la vida política y administrativa de municipios y departamentos. El país ha procedido en la materia con prudencia destacable. El período de los alcaldes comenzó siendo de dos años. Después, pasó a ser de dos y medio. Luego, de tres. Y los que están en funciones fueron elegidos, por primera vez, para uno de 4. Con los gobernadores se ha aplicado la misma gradualidad. Su período empezó siendo de tres años y los actuales fueron escogidos, también por primera vez, para período de 4. ¿Cuál es la necesidad de disponer que esos períodos puedan ser de 8 años, si ni siquiera hemos ensayado totalmente el de 4?

En su múltiple condición de jefe de Estado y de gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante de las fuerzas armadas, al Presidente corresponde ejercer toda clase de atribuciones. La Constitución y la ley hacen la relación completa de las que son sus funciones. En circunstancias excepcionales, tiene poderes también excepcionales.

¿Puede el Presidente que ha asumido la condición de candidato hacer uso de la totalidad de dichas atribuciones durante la campaña? ¿Convendría disponer que el ejercicio de algunas, mientras esté en campaña, se someta a condiciones y requisitos especiales?

No se plantea como hipótesis la prohibición de su ejercicio, porque es claro que si se presentan las circunstancias de hecho y de derecho previstas en la Constitución y la ley, tiene la obligación de hacer uso de las atribuciones que le confiere el ordenamiento. El país no se puede quedar sin gobierno por el hecho de que se esté adelantando una campaña política y el Presidente como candidato tenga interés en ella. De pronto, los desarrollos de la campaña exigen inclusive mayor presencia y acción oficiales.

Ni la exposición de motivos ni las ponencias responden las preguntas antes formuladas. Ni siquiera tratan el tema. Guardan silencio como lo hacen en relación con los otros que necesariamente están vinculados a la reelección. La discreción y el mutismo del Gobierno y quienes lo acompañaron en su empresa, permiten decir que del acto legislativo 02 de 2.004 surgen mas inquietudes que respuestas.

Son varias las atribuciones presidenciales que se pueden ejercer con el propósito deliberado, mas o menos encubierto, de crear o modificar estados de ánimo en la opinión y, sobre todo, situaciones político- electorales. También con la intención, mas o menos velada, de favorecer amigos políticos o perjudicar electoralmente a la contraparte. No vale la pena citarlas todas. Basta con hacer referencia a las que mejor prueban cómo la reelección favorece al candidato que es titular de verdaderos superpoderes, frente a los que se pueden considerar "desempoderados". Estos tendrán que gastar todas sus energías defendiéndose política y electoralmente de quien hace la campaña con el bastón de mando sobre el escritorio, firmando decretos y directivas presidenciales, celebrando contratos y dando ordenes que le pueden cambiar la vida a los colombianos.

A través de sus delegados en las respectivas comisiones reguladoras, el Presidente adopta las fórmulas que luego servirán para fijar las tarifas de los servicios domiciliarios (agua potable, energía, aseo y teléfonos). Si como candidato decide utilizar esa función con fines electorales, no hay cómo impedir que lo haga. Tampoco habrá manera de evitar que ordene directamente su rebaja para determinados usuarios: "El Presidente Álvaro Uribe autorizó ayer en esta ciudad un descuento del 10 por ciento en el pago del recibo de energía para aproximadamente 5.000 establecimientos comerciales de Cúcuta" (El Tiempo, mayo 16/04, Pág. 1-18).

También corresponde al Presidente reglamentar las leyes electorales y, por razones de orden público, suspender las votaciones en corregimientos, inspecciones de policía y municipios. ¿Cómo impedir que a través del ejercicio de estas atribuciones ayude a los amigos y le cree dificultades a los adversarios políticos? Recuérdese que Álvaro Uribe, por conducto del ex-presidente Samper, buscó presionar al Consejo Nacional Electoral para que cambiara el censo electoral con el que se había votado el referendo.

Parece cuestión menor, pero vale la pena recordar que el Gobierno también reglamenta la concesión de estímulos electorales a quienes sufraguen (tarde libre en el trabajo, descuento en el valor de los derechos académicos que se pagan en las universidades oficiales, etc). No faltarán ciudadanos de escasa formación política que inocentemente consideren que sólo tienen derecho al estímulo si votan por quien lo otorga, es decir, por el candidato del gobierno.

Las inquietudes planteadas también son válidas frente a decisiones y temas de mayor complejidad como la declaratoria de los estados de excepción (guerra exterior, conmoción interior y emergencia) que le permiten al Presidente suspender las leyes dictadas por el Congreso y expedir decretos que reemplacen sus normas. Difícil pensar que un Presidente pueda utilizar facultades tan especiales como las citadas con fines electorales, pero ha ocurrido en otras partes.

La oposición peruana acusó a Fujimori de haber confrontado militarmente a los ecuatorianos en febrero de 1995 porque ese acto nacionalista servía los intereses de la campaña reeleccionista que adelantaba y que culminó en el siguiente mes de abril victoriosamente para él.

En su obra "Julio César Emperador", Max Gallo pone en boca de su héroe frase tremenda: "Lo único que me falta es conquistar la gloria y para ello es necesario hacer una guerra". La explicó luego así: "Lo que está claro es que César logra su gloria con la conquista de las Galias, una guerra fabricada, inventada por él mismo porque le falta una gran campaña militar no sólo para demostrar la fuerza de su ejército, sino también para imponerse a la opinión pública como el vencedor. El mismo lo reconoce. La guerra, tanto en Roma como hoy para Estados Unidos, es un elemento importante de la política interior: es un modo de conservar el poder".

De la única función que a juicio de los reeleccionistas podía abusar el Gobierno durante la campaña era la contractual. Por eso en el proyecto prohibían "toda forma de adjudicación directa de contratos... salvo en los casos que establezca la ley estatutaria". Sin embargo, con ese texto no introducían ninguna modificación a la reglamentación vigente porque la ley colombiana, invariablemente, ha dispuesto que "la escogencia del contratista se efectuará siempre a través de licitación o concurso públicos, salvo en los siguientes casos...". Y los casos en que se ha autorizado la contratación directa han sido, sensiblemente, los mismos a través de toda la historia legislativa del país.

¿Dónde estaba, entonces, la novedad del texto trascrito? ¿Dónde, las restricciones y controles que al ejercicio de esa importante función se deben ordenar durante la campaña? En ninguna parte. Tal vez, por ello, desapareció del acto finalmente aprobado. Si de verdad se querían condicionar y vigilar los poderes que otorgan las facultades contractuales del gobierno, era algo bien distinto lo que se ha debido proponer y aprobar.

En los regímenes parlamentarios, cuando se aprueba la moción de censura y se convoca a elecciones anticipadas porque se ha decretado la disolución del Parlamento, el gobierno, que ha sido censurado, continua en funciones hasta cuando se posesione el nuevo, pero ese gobierno, o sea el que permanece en funciones, sólo puede ocuparse de los asuntos corrientes y ordinarios para la vida de la Nación y el funcionamiento de la administración pública. No puede adoptar ni poner en marcha políticas nuevas. Tampoco introducir cambios o modificaciones sustanciales a las que se venían ejecutando.

Algo comparable o parecido debería acompañar la reelección presidencial en Colombia si se quieren evitar los abusos de poder y asegurar "la igualdad electoral" de los candidatos.

Cómo garantizar que el Presidente y los funcionarios de su gobierno no utilicen, abierta o veladamente, sus atribuciones para favorecer la campaña oficial, es pregunta que tampoco tuvo respuesta por parte del Congreso a pesar de que siempre se la han formulado aun los mas amigos de la reelección. Don Miguel Antonio Caro la defendió sobre la base de que ella no introdujera "perturbaciones arbitrarias en la buena administración".

La intervención indebida del gobierno en política puede producir toda clase de perturbaciones. Conduce, en primer lugar, a que los funcionarios olviden que deben "estar al servicio del Estado y de la comunidad" y se pongan al servicio de la campaña. También condiciona el voto de los ciudadanos y los sectores de opinión que tienen "respeto interesado" por el poder, porque dependen, para algún efecto, de las decisiones que tomen las autoridades, o por otro cualquier tipo de razones. Su voto lo condicionan los actos del poder.

La intervención en política de los funcionarios públicos y su participación en campañas electorales están previstas y autorizadas en otros países. En ellos, el Presidente puede ser reelegido de manera inmediata y sus ministros, sin retirarse de sus cargos, ser candidatos al Congreso o a las gobernaciones y alcaldías. Pero en esos países las situaciones descritas no producen los perversos y corruptores efectos que han producido y continuarán produciendo en Colombia. Por ello las prohibiciones antes establecidas entre nosotros no fueron producto de la creativa imaginación de los legisladores criollos. Surgieron ante la imperiosa necesidad de controlar desbordamientos que a veces parecen fruto de la propia condición humana o de particular manera de ser de los colombianos.

Por algo tiene el país el severo régimen de inhabilidades que siempre ha tenido y la Constitución del 91 prohibió la reelección inmediata del Contralor General y de los Contralores territoriales y dispuso que no podrán "continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del período" para el que fueron designados. Si se les permitiera continuar, impedirían la escogencia de su sucesor.

La no solución de las cuestiones planteadas hará que la reelección inmediata fracase antes de lo que piensan sus hoy entusiastas e interesados promotores. Mas pronto que tarde se derogará y adoptará reglamentación diferente sobre la materia.

De todas maneras la decisión equivocada del Congreso producirá los únicos efectos que con ella se buscaron: que Álvaro Uribe sea candidato en el 2.006. Es eso, entonces, lo que ha debido proponerse y aprobarse de manera explicita y abierta: la reelección con nombre propio y por una sola vez. Cumplida esa finalidad, debía preverse y ordenarse el regreso a la normalidad institucional, tal como se hizo en 1905 cuando se prorrogó a 10 años el período presidencial únicamente para el caso del General Reyes, mientras él estuviera "a la cabeza del gobierno", porque los "períodos subsiguientes" al del benemérito General serían de 4 años.

De esa manera, con conocimiento de causa y a conciencia, se le hubiera abierto un paréntesis o boquete al ordenamiento constitucional por razones superiores: mientras la política de seguridad democrática produce la totalidad de sus efectos y logra derrotar a quienes están fuera de la ley, viven del narcotráfico y hacen terrorismo. Algo comparable a lo que se hizo en los países del Cono Sur en los años setenta para luchar contra la subversión de la época.

Fue lo que propuso sin tapujos ni rodeos Raimundo Emiliani Roman: "Fuimos de los primeros en manifestar apoyo a la reelección inmediata del Presidente Uribe como un caso excepcional al régimen electoral vigente que prohibe la reelección. Así lo hicimos porque eso, y no otra cosa, es lo que ha solicitado la opinión... Aprovechando este clamor, se pretende modificar el régimen electoral que prohibe la reelección presidencial, el cual no fue impuesto por nadie, sino acogido con satisfacción general, dada la experiencia desastrosa de los ex -Presidentes con ambición de repetir que todo lo perturbaban, lo que ratificó el fracaso de los escasos gobiernos de repetición. La propuesta presentada no sólo tergiversa lo que la mayoría de la opinión solicita, sino que abre el debate sobre la inconveniencia de la reelección inmediata de los presidentes. Conociendo el temperamento arbitrario y aprovechador de los colombianos; ¿qué será del país, por Dios!, cuando presidentes, gobernadores y alcaldes se posesionen de sus cargos? ¿Se dedicarán a servir al bien común para el cual fueron elegidos, o se dejarán atraer por el bien particular de la reelección cuyo atractivo suele ser irresistible?... Por todo lo cual esta arandela a la reelección excepcional de Uribe, que es lo que ha pedido la opinión, puede enredar las cosas".

La democracia también se ha definido como una red de controles mutuos y recíprocos de diferente naturaleza y alcances. Hay controles internos, externos, horizontales, verticales, interorgánicos e intraorgánicos, entre otros. Su garantiza la vigencia de las formas democráticas, el cumplimiento de los fines del Estado y el respeto a la ley. También moderan el poder y corrigen sus desviaciones.

Cuando hay reelección la necesidad de esos controles se siente mas porque se deben compensar los riesgos que se crean con la exigencia de mayores responsabilidades a la autoridad. Aun en democracias mas sólidas que la nuestra y que están sujetas a toda clase de controles y contrapesos, se abusa del poder para asegurar la reelección. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos. Recuérdese el conocido caso Watergate que terminó tumbando al Presidente Nixon.

También ha sucedió así en países cercanos. "En muchos países de América Latina la prohibición de la reelección ha sido necesaria para impedir que los presidentes electos se perpetúen en el poder usando -abusando- de su autoridad y de los recursos propios de su posición. Sí no es posible someter la autoridad presidencial a los controles verticales y horizontales adecuados, es probable que sean necesarias restricciones constitucionales para evitar el surgimiento de dictaduras domésticas" ("La Política importa", BID, 2.003). Subrayas del autor.

Parodiando el repetido axioma de Lord Acton –el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente- puede decirse que en Colombia la reelección es el poder absoluto en cabeza del gobierno que la pretenda. Por ello toda la gestión del Presidente –candidato y sus mas inmediatos colaboradores debe someterse a severos y exigentes controles.

Llama la atención que durante el trámite del acto legislativo 02 este tema no haya sido tratado. Fue ignorado a pesar de que la reelección crea riesgos ciertos de abuso y desviaciones de poder que hacen necesario su "blindaje" y de que la preservación del Estado democrático de derecho sólo se logra si se aseguran eficaces controles sobre el comportamiento del gobierno y la administración, y particularmente el de quien es cabeza y jefe supremo de uno y otra, y, simultáneamente, candidato a la reelección.

El ordenamiento jurídico tiene la obligación de prever cómo se investigarán y sancionarán las faltas de los funcionarios que utilicen con propósitos político-electorales los poderes que les confiere la ley. Desgraciadamente muchos lo harán. En sus apuntamientos de Derecho Constitucional, publicados en 1895, don José Vicente Concha escribió: "La libertad de reelegir al individuo que ejerce la Presidencia en el período que sigue inmediatamente al de un primer mandato es causa de graves perturbaciones, y ocasión próxima de violar el respeto debido al sufragio libre. Es muy difícil que quien se halla en el ejercicio del poder, o sus partidarios y agentes, resistan a la tentación de prolongar su mando, y para alcanzarlo no siempre se acatan las leyes ni se usa de medios lícitos".

Entre esos funcionarios ocupa lugar destacado el propio Presidente, que por el hecho de serlo, no por el de ser candidato, goza de fuero especial, lo cual quiere decir que sólo una determinada autoridad (el Congreso de la República) puede investigarlo, juzgarlo y condenarlo, si a esto último hubiere lugar.

Las faltas del Presidente en ejercicio de sus funciones pueden tener el carácter de delitos, conforme a las definiciones que de ellos hace el código penal. También pueden ser casos de "indignidad por mala conducta". O faltas disciplinarias.

En el primer caso, "delitos cometidos en ejercicio de funciones", el Senado, que hace las veces de juez, sancionará al Presidente con la pérdida del empleo o la privación temporal o absoluta de sus derechos políticos. Si el delito cometido merece pena distinta, corresponde a la Corte Suprema juzgar al acusado.

Si la falta cometida constituye "indignidad por mala conducta" (hechos graves que no alcanzan a ser delito), el Senado la sancionará con la pérdida del empleo o la privación de los derechos políticos (temporal o definitiva).

La tercera hipótesis es la de las faltas disciplinarias (conductas indebidas y abusos de poder que no constituyen delito ni pueden considerarse casos de indignidad). Como son hechos contrarios a la ley, deben investigarse y sancionarse. Se castigan con multas, la suspensión del funcionario y hasta su destitución, según la gravedad de la falta.

En las tres hipótesis planteadas –delitos, indignidad por mala conducta y faltas disciplinarias-, sólo el Congreso puede investigar y sancionar al Presidente en razón del fuero especial que le otorgan la Constitución y la ley.

Las Cámaras dejaron de ser hace tiempo la instancia mas indicada para investigar y sancionar al Presidente en épocas de normalidad –o épocas de no campaña para los efectos de esta publicación-, por múltiples razones. Por ello no debe ser el Congreso la autoridad encargada de investigarlo y sancionarlo cuando se trate de hechos ocurridos con ocasión de la campaña en la que aquél sea candidato.

Las Cámaras dejaron de cumplir tan delicada atribución, básicamente, porque el Congreso depende cada día mas del gobierno, porque la reelección de senadores y representantes, en la gran mayoría de los casos, también depende de los favores que el ejecutivo conceda en forma de nombramientos, contratos, auxilios disfrazados de inversión en las regiones que tienen interés electoral.

Por eso el Congreso no controla el gobierno ni sanciona a quienes debería castigar políticamente. Esa la razón para que en 14 años no haya censurado, mediante la aprobación de la moción correspondiente, a ninguno de los ministros que ha cuestionado. Ese intercambio de favores salió a flote e hizo crisis durante el proceso 8.000 y explica la decisión que la Cámara de Representantes tomó cuando absolvió al Presidente Samper.

Con reelección de por medio, el Presidente podrá, como se dijo, participar activamente en la elección de senadores y representantes. Seguramente ayudará a sus amigos y a quienes le prometan apoyarlo a él para su propia reelección. Si interviene en la elección de congresistas apoyando a quienes considera que deben ser elegidos por primera vez o reelegidos, ¿se puede esperar que las Cámaras, mientras se adelante la campaña que definirá su integración, o una vez que fueron renovadas, tengan la independencia que requieren para investigar al presidente? Con él han hecho llave política en unas campañas que todavía se están adelantando, o apenas acaban de concluir, y en ellas se colaboran o colaboraron porque sus intereses político-electorales coinciden o coincidieron.

Si por guardar las apariencias, el Congreso decide controlar e investigar los actos del Presidente –candidato, sus actos no tendrán ninguna credibilidad ante la opinión. Sólo servirán para que las instituciones pierdan aun más legitimidad.

Por ello no conviene disponer que sean las Cámaras quienes ejerzan esas atribuciones en relación con el mandatario que busque la reelección. No deben serlo porque tendrían que investigar y sancionar actos propios de una campaña política en la que intervienen fuerzas, se crean situaciones y se toman decisiones políticas. No conviene, desde ningún punto de vista, ordenar que sea el Congreso -instancia política por definición-, quien se encargue de juzgar la conducta y los actos del actor principal de un proceso político, en el que los congresistas mismos son parte.

Además, se tendrían que juzgar actos que en el momento en el que se analicen están teniendo lugar y seguramente han caldeado los ánimos. En la mayoría de los casos, senadores y representantes considerarán que los asuntos llevados a su conocimiento son producto de situaciones y hechos propios de una campaña, connaturales a sus desarrollos ordinarios, especialmente si los actos que se investigan fueron favorables de una u otra manera a ellos mismos.

Por definición, la Procuraduría debería vigilar y sancionar los abusos de los funcionarios en política y del Presidente- candidato. Sin embargo, no tiene las atribuciones ni los instrumentos que le permitan hacerlo.

Precariamente cumple hoy sus actuales funciones. El acto legislativo 02 de 2.004 crea situaciones desconocidas porque la Constitución y la ley estatutaria que se expida autorizan que un millón de funcionarios públicos haga política y participe en las campañas electorales. Un buen número de quienes hagan uso de esa autorización, abusará del poder, ejercerá sus funciones torticeramente, lo hará con fines político- electorales. No se necesita conocer por dentro la Procuraduría para saber que no está en condiciones de cumplir esa nueva tarea. No hizo nada con el motivo del trámite del acto reelectoral, a pesar de la manera indebida y abusiva como actuaron altos funcionarios del Gobierno.

"Vergonzoso el espectáculo de ansiedad, angustia y desesperación que dio el Gobierno durante el trámite del proyecto de reelección en busca de los votos necesarios para sacarlo adelante. El alto Gobierno peló el cobre y dio un espectáculo de acoso electoral al mendigar votos a cualquier precio que, si bien no es propiamente inédito en la historia política del país, resulta deplorable por venir de un Presidente que se hizo elegir con banderas contra la corrupción y la politiquería.

"Las oficinas de los parlamentarios de la comisión primera se vieron inusitadamente invadidas por los altos funcionarios –el Superintendente de Notariado y Registro, el director del DAS y los ministros de Protección Social y del Interior y de Justicia- y dicen que, incluso en una ocasión, en una oficina del edificio nuevo del Congreso, apagaron la luz y bajaron las cortinas para impedir que los periodistas metieran las narices para husmear. Politiquería simple y llana, la misma de siempre. A pesar de tanta alharaca oficial, nada ha cambiado. Los mismos vicios, el mismo trueque, la misma compra-venta de votos por prebendas" (María Elvira Samper).

Frente al Presidente –candidato las dificultades y limitaciones de la Procuraduría serán mayores. Siempre las ha tenido. Cuando le tocó decidir si un discurso del Presidente Carlos Lleras en un barrio de Bogotá constituía intervención del jefe del gobierno en la campaña que en ese momento se adelantaba, tuvo que acudir a expediente más político que jurídico.

En esa ocasión el Procurador Mario Aramburo amonestó públicamente a Lleras. Le pidió que se ciñera "de manera muy estricta a la letra y al espíritu de las normas legales, sin sobrepasar las precisiones que éstas consagran". Consideró que el Presidente se había excedido en el derecho que tenía a "explicar y defender las políticas, medidas y criterios" que informaban su Gobierno. El discurso había sido interpretado por los medios y la opinión como ataque a la candidatura presidencial de Rojas Pinilla.

El Procurador también renunció al cargo porque encontró inconveniente que entre el jefe del Ministerio Público y el Gobierno hubiera lo que ahora se llama "choque de trenes". El Presidente entendió las amonestaciones de que fue objeto, pero no aceptó la renuncia, según dijo, porque el Procurador está facultado para "llamarme la atención sobre cualquiera de mis actuaciones públicas. Ud. tiene el deber de hacerlo y lo invito a que lo siga haciendo cada vez que lo considere justificado porque yo no estoy excluido de la vigilancia" que debe ejercer sobre todos los empleados oficiales.

Entre esa situación y las que se pueden .presentar cuando esté de por medio la reelección del Presidente, las diferencias son bien grandes. En este caso deben investigarse no solamente los discursos sino todos los actos del aspirante oficial, inclusive los anteriores a la campaña que estén relacionados con ella.

Recuérdese que en las campañas electorales nadie pide ni da cuartel. Es lo que ocurre, inclusive, en debates electorales menos importantes. Un Presidente en campaña será objeto de acusaciones, denuncias y suspicacias, sin ningún tipo de reparos ni miramientos. Buena parte de sus decisiones, desplazamientos y gestos serán considerados, al menos por sus contradictores, como actos propios de la campaña . Algunos de ellos, hasta impropios de su investidura. Todo lo anterior causará grave daño a la institucionalidad del país. El Presidente Uribe fue denunciado penalmente, sin que la campaña hubiese empezado formalmente, nada menos que por un Senador de la República, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

A lo dicho agréguese que la intención de utilizar el poder para obtener alguna ventaja electoral será grande. Lo que está en juego es el nombre del Presidente titular, la gestión que ha cumplido y el "derecho" que reclama a un nuevo período. Sobre el tapete no está en juego la candidatura de un ciudadano mas, si no la del propio Presidente de la República. Álvaro Uribe lo sabe bien. Por eso dijo como candidato: "la reelección inmediata no me convence, porque entonces puede ponerse el Gobierno a buscarla".

La campaña y actividad del Presidente que funge como candidato deben estar sujetas a severos controles políticos y efectiva vigilancia que en relación con ellas ejerzan las autoridades encargadas de aplicar las sanciones que fueren del caso. Si así no ocurre, no tendrán más limites que los que esa misma campaña y ese mismo candidato se auto- impongan en función de los que consideren son sus intereses electorales.

Como ese grado de libertad y discrecionalidad no es aceptable para ningún Estado de derecho, conviene ordenar que la campaña y la actividad del candidato oficial sean vigiladas de cerca, y sancionadas cuando a ello hubiere lugar, por autoridad que garantice el respeto del ordenamiento vigente, los derechos ciudadanos y las libertades públicas. Por autoridad que lo haga durante la campaña y seis meses más. Que verifique de oficio y a solicitud de cualquier organización o ciudadano, si el candidato se extralimitó en el ejercicio de sus funciones. Si las utilizó con fines electorales.

Esa autoridad debería verificar con rigor si pudo haber cometido un delito o incurrido en causal de "indignidad por mala conducta". En estas dos hipótesis, debería recoger toda la información y documentación que esté a su alcance y remitirla a la Corte Suprema, para lo de su competencia. Y cuando lleguen a su conocimiento las faltas disciplinarias que haya podido cometer el candidato, debe perfeccionar la investigación y aplicar las sanciones que fueren del caso.

También debería estar facultada para suspender los actos del Presidente y subalternos suyos (ministros, superintendentes, jefes de unidades administrativas especiales y directores de entidades descentralizadas) que tengan fines electorales, aunque del punto de vista jurídico no sean contrarios a la Constitución o la ley. Suficiente para así ordenarlo sería que se les pueda atribuir el propósito de influir en el ánimo de los electores y su intención de voto.

Por las mismas razones, debería poder ordenar, a título preventivo, que se suspenda el trámite de determinados asuntos y la expedición, igualmente, de determinados actos, cuando considere que la continuación de esos trámites y la promulgación de esos actos pueda interferir los desarrollos del proceso político-electoral en curso.

No debe descartarse que haya necesidad de identificar y precisar normativamente conductas y actos que hasta ahora no han figurado en los códigos, porque nunca se había legislado pensando que el Presidente pudiera ser candidato y buscara utilizar el poder para presionar la opinión.

El procedimiento que se establezca para las investigaciones y la imposición de las sanciones a que hubiere lugar, debe ser especial porque los asuntos llevados a su conocimiento deben definirse, en lo posible, antes de que concluya la campaña. Sólo así se garantizarían las finalidades que se persiguen. Lo otro equivaldría a disponer que se investigue y sancione después de que haya sido reelegido el Presidente, época en la que por esa causa se pueden generar serios problemas políticos y hasta verdaderos "choques de trenes". Si la autoridad referida está conociendo de hechos que considere graves, debería estar facultado para pedir que sólo se divulgue el resultado de los escrutinios cuando haya concluido la respectiva investigación.

La autoridad y el procedimiento propuestos tienen mayor razón de ser cuando se recuerda que la reelección y la prolongación de los períodos presidenciales han estado acompañadas de permanentes escándalos. El hecho puede ser meramente coincidencial y no permite, por ello, establecer una relación cierta de causalidad entre reelección y corrupción, pero lo cierto es que cuando la ha habido y el período presidencial se ha extendido mas allá de lo que ordenaban las normas vigentes, los escándalos por malos manejos se han disparado. Es lo que ha ocurrido en Colombia. Baste con recordar lo ocurrido durante Reyes y Rojas y la segunda administración López Pumarejo. También en América Latina (Menem y Fujimori, para solo citar dos casos).

Como reciente estudio gremial concluyó que en el país, durante el año 2003, se pagaron ilícitamente cifras billonarias para conseguir la adjudicación y alterar la ejecución de los contratos que celebra el Estado, tuvo razón Ricardo Santamaría cuando escribió: "Los que están buscando la reelección del Presidente deben reflexionar a fondo. Pueden estar creándole a Colombia un problema de enormes proporciones y consecuencias. Negarlo sería irresponsable. Mientras la realidad de Colombia sea esta que dibuja el estudio de Confecámaras, la reelección inmediata de Presidente, gobernadores y alcaldes, va a convertirse en un diabólico dinamizador de la corrupción"

La autoridad que se requiere para los efectos anotados se puede organizar y poner a funcionar sin que haya necesidad de crear nuevo tribunal o entidad de tipo comparable, sin que haya necesidad de burocratizar el asunto.

Varias fórmulas hubieran podido estudiarse. Era viable pensar que esas funciones de vigilancia y control las ejerciese un tribunal ad-hoc, no permanente, que estuviese integrado, a título de ejemplo por los Presidentes de las Altas Cortes, el Procurador y el Contralor General. También hubiera podido pensarse que estuviese integrado por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema o del Consejo de Estado. Muchas fórmulas han debido analizarse, pero no se consideró ninguna.

La necesidad de controlar los actos del Presidente- candidato en campaña y sancionar las faltas en que pudiese incurrir ni siquiera fue planteada durante el trámite del acto legislativo 02 de 2.004. Gobierno, Congreso y partidos –antiguos y nuevos- asumieron, seguramente, que nunca se utilizarían las atribuciones que otorga el poder con fines electorales, o que los controles existentes para cuando no había reelección inmediata eran suficientes. Es comprensible que el Gobierno hubiera pensado de esa manera, pero es inaceptable que los partidos y demás fuerzas políticas representadas en el Congreso ni siquiera hubieran planteado el tema, así fuese a título de mera constancia.

La reglamentación que se requería tenía que hacer parte del acto legislativo. No cabe dentro de la ley estatutaria ordenada porque asignar las competencias aquí reseñadas exige reformar la Constitución.

Todos los Presidentes aspirarán a la reelección. Razones políticas y humanas explican que desde el momento mismo en que tomen posesión del cargo, empiecen a trabajarla. A todos los acompaña buena dosis de libido imperandi. Por eso, entre otras razones, llegaron a la Presidencia.

Para conseguirla, les será suficiente postularse. Todo estará a su favor. No tendrán contendor con posibilidades. Más que una reelección, en muchos casos será su coronación. El período presidencial no será de 4 sino de 8 años. Será, inclusive, mayor, porque después de los 8 de "su" Presidente, el Vicepresidente podrá ser candidato, en el período siguiente, a la Presidencia y, luego, podrá ser reelegido.

La tendencia a conservar el poder, a ejercerlo por más tiempo del que preveía el mandato popular recibido, es universal y ha existido siempre.

Juan Bautista Alberdi, que después de luchar contra la dictadura de Rosas redactó las bases para la Constitución Argentina de 1.853, escribió: "Admitir la reelección es extender a doce años (el período acordado era de seis) el término de la Presidencia. El Presidente tiene siempre medios para hacerse reelegir y rara vez deja de hacerlo. Toda reelección es agitada, porque lucha contra prevenciones nacidas del primer período".

Colombianos ilustres también hicieron comentarios valiosos sobre el tema:

"El amor al poder es connatural en el hombre; nadie consiente voluntariamente en que se menoscabe el que disfruta, y todos queremos ensanchar la órbita de nuestra autoridad... Si esto es así no comprendo la razón que haya para permitir a los Magistrados del país que procuren quizás por medios ilícitos la prolongación indefinida del mandato que les confiere el pueblo. En la historia de la América independiente tenemos numerosos ejemplos de los males que han causado las reelecciones presidenciales". (Ospina Camacho).

"Hay que contar con el corazón humano: el poder es fruta generalmente apetecida y sabrosa; los hombres que se acostumbran al ejercicio del mando difícilmente lo renuncian, porque en ellos la costumbre viene a ser como una segunda naturaleza" (José María Samper).

"Tan excesiva concentración de poder en el ejecutivo... suscita... en el ánimo del primer magistrado un porfiado anhelo de perpetuarse en el gobierno... para conservar su influjo en los destinos nacionales o para asegurar el remate de su obra inconclusa. Eso es humano, demasiado humano. Ya he gustado el poder y no puedo renunciar a sus goces decía Napoleón rumbo al Dieciocho de Brumario... La verdad es que el poder amaña... para el político no hay retirada. Nada puede ponerle límites... ni la edad, ni las dolencias físicas, ni el desvío popular. El político muere en su ley" (Alzate Avendaño).

Por ello, con razón se ha dicho también que el gran tema político es el equilibrio que se debe encontrar entre quienes quieren entrar y los que no quieren salir. Esa es la realidad política. Los literatos, naturalmente, no la comparten: "El apetito del poder es el resultado de la incapacidad para el amor" escribió Gabriel García Márquez hace muchos años.

Todos los Presidentes aspirarán a la reelección convencidos, seguramente, de que lo están haciendo bien, y lo harán todavía mejor. Además, porque querrán completar su gloria personal y darle "una nueva dimensión histórica a su figura".

Todos los que lleguen querrán quedarse un tiempo más. Siempre considerarán que su obra está inconclusa. Trabajo les costará entender, una vez en el poder, que los períodos democráticos son siempre cortos. Si está autorizada la reelección, la buscarán por todos los medios a su alcance, incluidos los legales. Según anotan alguien con espíritu burlón, se comportan como el personaje que una vez en la cúspide pide que retiren la escalera porque él no quiere bajarse.

En la reelección finalmente contará muy poco lo que hasta ese momento hayan hecho como gobernantes. Lo que importa es el poder que tienen y que ejercen para quedarse. Aunque no cometan arbitrariedades, el poder servirá de imán. Por si sólo, servirá para ganar apoyos y adhesiones. El poder en Colombia sólo desgasta al que no lo tiene. El poder multiplicador del poder es muy grande.

El acto legislativo 02 de 2004 tuvo mas votos a su favor en la segunda que en la primera vuelta. Había que subirse pronto al "carro de la victoria". Ese comportamiento de senadores y representantes también se dará, obviamente, en las maquinarias y aparatos políticos (oportunismo electoral) y en vastos sectores de opinión con el argumento del voto útil, que también contaminará a miles de ciudadanos anónimos.

Habrá, igualmente, quienes se sumen a la reelección después de haberla combatido por razones institucionales. El fenómeno ya empezó a darse con la reelección de Uribe que tiene como jefe de debate a Juan Manuel Santos, quien a su condición de ex –designado y ex –ministro de César Gaviria y ex –ministro de Andrés Pastrana, suma para estos efectos la de severo crítico de la propuesta reelectoral: "Al país, en el fondo, ni le gusta ni le conviene la reelección, así la gran mayoría piense que Uribe lo está haciendo bien. Y todos necesitamos que lo siga haciendo bien. Pero en este debate es imperativo seguir el consejo de los sabios cuando recomiendan que por ningún motivo se debe legislar, ni mucho menos cambiar una Constitución, en función de una coyuntura o de una persona. Bien lo advertía Disraeli: al legislar, piense en el largo plazo y en la situación contraria. También es menester pensar en el grado de inmadurez de nuestra democracia para dar semejante paso. Las comparaciones con Estados Unidos o Inglaterra son ridículas. Un término de referencia más apropiado son los funestos ejemplos de América Latina… Por su bien y por el del país, el Presidente debería bajarse de ese potro y dedicarse más bien a cerrar con broche de oro su cuatrienio".

No es cierto, como se repite con conocida frase de cajón, que en las urnas el pueblo premiará o sancionará al gobernante que quiere repetir y que, por ello, los Presidentes gobernarán bien para hacerse reelegir, porque en las urnas sólo se reelige a quien ejerció responsablemente el poder y tiene amigos al final de su mandato. No es cierto porque a los gobiernos serios, que trabajan con visión de futuro, sin compromisos con la coyuntura, sólo se les reconoce su tarea con el paso del tiempo. En su momento son severamente cuestionados y criticados. Por eso, con reelección de por medio, se gobierna por encuestas y sin visión de futuro. No se toman decisiones impopulares, aunque necesarias. El cortoplacísmo que domina la gestión oficial no permite ver mas allá de la próxima elección.

Se dice también que el pueblo no reelegirá los malos gobiernos y se citan casos concretos de ex – presidentes impopulares. Lo que se puede responder es que si para ellos hubiese existido la posibilidad de la reelección, sus gobiernos seguramente habrían sido distintos, porque se hubiesen dedicado a trabajar el segundo período y a utilizadar el poder para conseguirlo. Sus gobiernos hubiesen sido bien distintos de lo que en la práctica fueron.

La reelección también le da juego político a los ex –presidentes. Julio César Turbay Ayala, después de haber escrito comentado artículo para El Tiempo contra la reelección, regresó entusiasmado a la actividad política para trabajar por la de Álvaro Uribe. Fundó el movimiento Patria Nueva con ese propósito.

César Gaviria está tan activo como en los años 90 y, quienes lo conocen, dicen que está aspirando para el 2.010, o para el 2.006, si el fallo de la Corte Constitucional lo permite.

Andrés Pastrana reapareció ante sus amigos con agudas y severas críticas al compromiso reelectoral del Gobierno "que los colombianos no teníamos presupuestado".

Ernesto Samper, mientras se discutía en el Congreso el que terminó siendo acto legislativo 02 de 2004, dijo "no pienso quedarme en casa tomando chocolate".

También está reviviendo el que en otras épocas se llamó el "club de los ex –presidentes". Según los medios, una cumbre Gaviria- Samper puede definir el futuro del partido liberal. Y conocido barón electoral pidió que el Congreso liberal de mayo sea orientado y presidido por los ex –presidentes López Michelsen y Turbay Ayala.

Así tituló el conocido semanario Le Nouvel Observateur el artículo que publicó en 1981 para recordar que los tres Presidentes que Francia reeligió, de los 19 que hasta ese momento había tenido en 111 años de vida republicana, ninguno logró terminar su segundo período.

Esos tres casos fueron, primero, el de Jules Grévy. Fue elegido en 1879 y reelegido en 1885. Tuvo que renunciar en 1887 cuando la prensa denunció que su yerno, que residía en el Palacio del Elíseo, se dedicaba al tráfico de influencias.

Luego, el de Albert Lebrun que fue elegido en 1932 y reelegido en 1939. La ocupación alemana (mayo de 1940) hundió la Tercera República y con ella su Presidente que fue depuesto por Pétain. Cuando Francia fue liberada (1945), Monsieur Lebrun pidió que le permitieran regresar al ejercicio de las que consideraba eran sus funciones, las presidenciales, hasta abril de 1946, fecha en que, según él, terminaba su segundo mandato. Nadie le puso bolas.

Y el tercer caso, el mas conocido, es el del General De Gaulle que fue elegido en 1958 y reelegido en 1965. Renunció en abril de 1969 tan pronto como se divulgaron los resultados del referendo que él convocó y defendió y que el pueblo derrotó en las urnas.

El artículo de "Le Nouvel Observateur" fue escrito cuando se adelantaba la campaña en la que el Presidente Giscard D’Estaing aspiraba a la reelección. Era el cuarto Jefe de Estado galo que pretendía un segundo mandato. Lo derrotó Mitterand. Afortunadamente para Giscard porque, de haber sido elegido, nadie sabe cuál hubiera sido su final, si se tiene en cuenta lo que le sucedió a sus antecesores en el cargo que lograron hacerse reelegir, pero no pudieron terminar el nuevo período.

Francois Mitterand fue el primer presidente francés que logró terminar su segundo período, aunque lo hizo soportando los dolores de penosa enfermedad. Jacques Chirac debe concluir su segundo mandato en el 2.007. Las investigaciones a que dio lugar su paso por la Alcaldía de Paris no alteraron su ejercicio del poder porque en el país de los derechos del hombre el Presidente de la República no es justiciable.

Michel Blanquer, politólogo francés conocido en Colombia, escribió hace poco: "Desde el punto de vista político y no constitucional es muy difícil tener un segundo período tan activo como el primero; hay menos energía, más desgaste".

Esa maldición del segundo mandato en Colombia puede empezar desde el final del primer período. El año 2.005 marcará "el inicio de la campaña electoral por la Presidencia y los cuerpos legislativos, en un ambiente sin precedente en Colombia, al menos durante el siglo XX. La introducción de la figura de la reelección presidencial inmediata en la Constitución cambió las reglas de juego y las costumbres políticas. Esto hace que los dieciocho meses restantes del período del Presidente Uribe vayan a ser diferentes a los de sus predecesores, que pudieron darse el lujo de perder popularidad y gobernar con el sol en la espalda "(Carlos Caballero Argaez ).

La maldición de que hablamos no es exclusivamente francesa. También ha caído sobre numerosos Presidentes Latinoamericanos. En los últimos 50 años podrían citarse, entre otros, los casos de Juan Domingo Perón, Carlos Andrés Pérez, Carlos Menem, Alberto Fujimori y Gonzalo Sánchez de Lozada.

En el Caribe igual. El último caso es el del Presidente Bertrand Aristide que después de ser considerado "el salvador" y de varias reelecciones, fue derrocado mediante sangriento golpe de Estado.

Lo recordó hace poco el New York Times de esta manera: "Un día después de ser reelegido con una victoria aplastante en 1972, Richard Nixon comentó, de acuerdo con el diario de su jefe de gabinete, H. R. Haldeman, que la mayoría de los segundos mandatos han sido desastrosos. Y agregó que estaba decidido a que el suyo no lo fuera. El análisis histórico de Nixon era acertado; sus esperanzas de evitar el desastre, no. En cuestión de semanas, el escándalo de Watergate estalló y 18 meses después de iniciado su segundo mandato, Nixon renunció…Lewis L.Gould, profesor emérito de historia de la Universidad de Texas y autor de The Modern American Presidency, afirmó que en los últimos cien años no habido un solo buen segundo mandato…En general, los Presidentes agotaron sus mejores ideas en sus primeros mandatos y les quedaba poca energía para sus últimos 4 años, o se impusieron metas que no pudieron alcanzar. Wilson no pudo convencer al Senado de aprobar el Tratado de Versalles ni cumplir su sueño de hacer que Estados Unidos se uniera a la Liga de Naciones. Pasó los últimos 18 meses de su Presidencia políticamente paralizado y estabilizado por una apoplejía. Franklin D.Roosvelt fracasó en su plan de llenar la Corte Suprema con partidarios de sus políticos y en las elecciones de 1938 fallaron sus esfuerzos por purgar al Congreso de demócratas que estaban contra el New Deal. Eisenhower desestimó varias crisis de la guerra fría: fue tomado por sorpresa con el lanzamiento que hicieron los soviéticos del Sputnik y el primer satélite espacial, y torpemente intentó encubrir el avión espía U-2 sobre la Unión Soviética. Clinton fue investigado por las finanzas de su campaña e impugnado por su aventura amorosa con una becaria. Terminó su Presidencia con una serie de vergonzosos indultos".

Colombia no ha sido (¿ni será?) la excepción. Entre nosotros también se han presentado las situaciones que se acaban de resumir. Baste con recordar los casos de Reyes y Rojas Pinilla. También, el de López Pumarejo, que fracasó a pesar de que para llegar por segunda vez no violó las reglas de juego ni pidió que el Congreso legislara con nombre propio.

Rasgo característico de los segundos mandatos también es el de los escándalos: "Existen razones de fondo para la reiteración de los escándalos durante los segundos períodos. El desenamoramiento convierte las rencillas naturales en problemas estructurales. Peor aún: los Presidentes reelegidos generalmente no tienen luna de miel: su primer año no es el primero sino el quinto. Además, las alianzas reeleccionistas involucran tantas transacciones, que algunos políticos tienden a sentirse utilizados: tratados como simples parejas de ocasión. Para no mencionar los efectos estratégicos de final de período: un Presidente en campaña puede ser una pareja útil, un Presidente con siete años encima es un estorbo. Dadas las razones anteriores, no resulta extraño que algunos congresistas de este lado del mundo estén promoviendo una reforma política que permita la revocatoria del mandato del Presidente. O que algunos ex Presidentes hayan impulsado el parlamentarismo como una forma de acrecentar el control político sobre el ejecutivo. Ambas propuestas parecen estar preparando el camino para una gran confrontación política (o un gran escándalo durante un probable segundo período de Uribe). Y por las mismas razones tampoco resultaría extraño que la maldición del segundo período tuviera en Colombia una manifestación extrema e infortunada. A saber: el Presidente es reelegido pero no termina su segundo mandato" (Alejandro Gaviria).

Así piensa quien fuera Sub- Director de Planeación Nacional y asesor económico de la Casa de Nariño durante el Gobierno Uribe: con la reelección los colombianos perderán todas las ilusiones que se hicieron con el Presidente, quien no concluirá su segundo mandato.

Como todos los Presidentes querrán reelegirse, las campañas que para lograrlo adelanten durarán los 4 años de su primer período. Los actos del Gobierno tendrán esa finalidad porque todos sus miembros sentirán y entenderán que deben estar al servicio de la campaña oficial. La gestión que cumplan hará parte de su actividad proselitista. Todo el gobierno tendrá vivo interés en los resultados del debate electoral y hará parte de él. De hecho, buena parte de los actos del Presidente y sus más cercanos colaboradores tendrán alcances electorales, aunque se trate de decisiones que se tomen y de operaciones que se ejecuten antes de que la campaña empiece formalmente.

Con reelección de por medio, el Presidente no gobernará, hará campaña. "La reelección inmediata permitirá al gobernante estar en campaña permanente" (D’Artagnan). Fabio Echeverri sostiene que la del doctor Uribe empezó el mismo día en que se posesionó para su primer período.

"Un reto para Uribe será el de no desperdiciar estos dos años haciendo campaña para gobernar los siguientes cuatro, lo que en la práctica llevaría a los colombianos a preguntarse si no hubiera sido mejor gobernar cuatro años completos sin la peligrosa interferencia de una campaña política" (María Isabel Rueda).

"De manera prematura se ha anticipado el debate electoral, como colimbianos pudiera darse esos lujos y tuviera cómo sostener la caña de dicho debate anticipado, sin que se resientan el país y sus gobernados… Aunque los uribistas insistan en que el Presidente no está en campaña, la realidad es otra: desde que Uribe tomó la decisión de presentar la propuesta de la reelección inmediata ante el Congreso, inevitablemente las cosas se anticiparon" (María Jimena Duzán).

La campaña se anticipa para el candidato oficial, no para los demás. Quince meses antes de la primera vuelta de las presidenciales del 2.006, Álvaro Uribe designó su jefe de debate. Mientras tanto, los demás aspirantes eran apenas pre-candidatos que tenían la intención de participar en las primarias de sus respectivos partidos. El conservatismo ni siquiera sabia todavía si tendría candidato propio o respaldaría a Uribe.

Lo anotado justifica aun más la propuesta que se formuló antes: al Presidente-candidato se le debe prohibir hacer campaña, es decir pronunciar discursos, asistir a reuniones, presidir manifestaciones que tengan carácter político, partidista o electoral. Tampoco se deberían autorizar cuñas suyas en la radio o la televisión ni avisos en los periódicos. El candidato oficial debería guardar silencio. Por él hablarán sus 4 años de gobierno y la "campaña" que adelantó durante esos mismos 4 años.

La campaña del Presidente tendrá de todas maneras elevados costos fiscales y políticos. Infortunadamente así será porque "la reelección concentra esfuerzos en la próxima elección, en vez de hacerlo en el bienestar de las próximas generaciones" (Carlos Caballero Argáez).

A pesar de las precauciones que se tomen y de las salvaguardias que se establezcan, al término de la campaña oficial, las votaciones para la reelección serán técnicamente un plebiscito. En ellas el Gobierno será plebiscitado. La ciudadanía será llamada a expresar su respaldo al gobernante en ejercicio. Es fácil presumir que el pueblo le renovará su confianza. El liderazgo mesiánico del Presidente se consolidará.

El país la vive desde antes de que el proyecto que autoriza la reelección fuera aprobado. Para permitirle al Congreso que se ocupara única y exclusivamente del proyecto respectivo, el Gobierno congeló la agenda legislativa que había anunciado y aplazó las iniciativas que antes consideraba prioritarias.

Como buen candidato, el Presidente llamó a Radio Sucesos RCN y se convirtió en contradictor del Senador que pedía a colegas suyos declararse impedidos en relación con el proyecto porque el Gobierno había hecho nombramientos que favorecían a familiares suyos. A pesar de que el Presidente defendió los citados nombramientos, pocos días después, los Senadores "acusados" se declararon efectivamente impedidos para participar en el trámite de la iniciativa. Procedieron como si las declaraciones del Jefe del Estado no les merecieran credibilidad.

La Presidencia también decidió "abortar" mediante comunicado de prensa el debate que se había anunciado en el Senado sobre nombramientos en el servicio diplomático de personas que cotizaron a la pasada campaña presidencial de Uribe Vélez.

El Vicepresidente Santos y el Consejero Echeverri Correa defendieron la beligerancia política y lenguaje del doctor Uribe. Dijeron que los actos del Presidente se explican porque él siempre da la cara, defiende sus tesis y es frentero. El propio Presidente Uribe también dijo que no quiere ser ex –Presidente y que va a jugarse hasta el último gramo de energía.

Esos son el estilo y el tono de la campaña por la Presidencia que el país tendrá durante los próximos meses. Nada de raro tendría, en razón de lo dicho, que el Presidente Uribe termine siendo candidato único. Resulta difícil encontrar quien se le mida al reto de enfrentarlo. Además, desde la primera vuelta, pondrá en las urnas el 70 u 80% de la votación.

Es lo que ocurre con la reelección en democracias precarias como la nuestra. En el 2.004 fueron reelegidos Putin en Rusia y Bouteflika en Argelia. El primero ganó con mas del 70% de la votación. Los que le siguieron en votos tuvieron el 14 y el 8%, respetivamente. Por ello la prensa europea comentó el caso ruso diciendo que mayorías de esas proporciones, que no son propias de los regímenes democráticos, solo permitían recordar los resultados abrumadoramente favorables que siempre había por los candidatos oficiales en la desaparecida Unión Soviética. También denunció que el Gobierno había financiado uno de los candidatos porque tenía necesidad de mostrar que la competencia había sido democrática.